ADMINISTRACIÓN PÚBLICA >

Canarias ha perdido dos puntos y medio en el nivel de transparencia

Presentación del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas
Presentación del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas, con Manuel Villoria, Jesús Lizcano y Jesús Sánchez-Lambás. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Canarias continúa ganando puntos para seguir en el vagón de cola de la transparencia de las administraciones públicas. Así, en el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas, elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional España (IT), el Archipiélago pierde dos puntos y medio en relación a los resultados de la edición de 2010. De los 66,3 ha pasado a los 63,8. Por el contrario, el nivel de Cantabria sube un 41,2. A modo de consuelo, la Región de Murcia retrocede 15 puntos.

En términos generales, la valoración media global es de un 79,9. Canarias queda en el puesto número catorce, empatada con la Comunidad Valenciana (63,8). Por debajo se sitúan Castilla-La Mancha (58,8) y Murcia (55). La clasificación la encabezan La Rioja y El País Vasco; ambas, con 97,5.

A través de 80 indicadores, el Incau mide el nivel de transparencia de las 17 comunidades autónomas españolas. El objetivo es doble: evaluar el grado de transparencia de los gobiernos autonómicos e “impulsar y propiciar el aumento de la información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto”.

Al igual que hace dos años, todas las comunidades aprueban, con una nota superior a 50 sobre 100. En esta ocasión, los resultados globales son superiores: la valoración media global es de 79,9, mientras que en 2010 había sido del 71,5. Se evidencia, sin embargo, “una clara dispersión en los resultados, ya que entre las primeras comunidades autónomas y las últimas de la tabla hay más de treinta puntos de diferencia”.

Los autores del informe también señalan que hay diferencias significativas en cuanto al nivel de apertura o preparación informativa ante la ley en ciernes. De hecho, algunas publican todos los indicadores obligatorios (Cantabria, el 100%) o la mayoría de ellos (Andalucía, País Vasco y La Rioja, 93,3), en tanto que otras muestran unas puntuaciones bastante inferiores en este área de transparencia (Castilla-La Mancha: 33,3 y Región de Murcia, 46,7). Siete comunidades obtienen un sobresaliente (90 o más) en este apartado, y otras cinco son calificadas con un notable (entre 70 y 89). Entre las cinco restantes, Canarias figura con un 60. Sorprendentemente, donde mejor estamos es en materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas: 85,7. En un escalón inferior, el examen a las relaciones con los ciudadanos y la sociedad se resuelve con un 84,6. Luego vienen información sobre la Comunidad Autónoma (63,6), contrataciones de servicios, obras y suministros (55,6), y, en el último lugar, la transparencia económico-financiera (42,9).

Precisamente, del análisis se deduce que la asignatura pendiente de las comunidades autónomas es su transparencia económico-financiera. La media general en esta área no llega al aprobado (48,8). En cambio, las más aventajadas son: relaciones con los ciudadanos y la sociedad, con una media de 83,3, y transparencia en ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, cuya media es de un 82,8. Cerca del notable aparecen: información sobre la Comunidad Autónoma (68,5) y las contrataciones de servicios y suministros (65,4). Por tamaño, el segmento de las cuatro comunidades catalogadas como grandes (más de cinco millones de habitantes) alcanza una puntuación de 76,6. Mientras, las ocho pequeñas (menos de dos millones de habitantes) adquieren un 70,3 de media, y las cinco medianas (de dos a cinco millones; entre ellas, Canarias), un 69,5.

Los responsables de TI-España quieren dejar claro que solo se valora si la información requerida está o no disponible, pero “no se evalúa la calidad de la información publicada ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos de las comunidades autónomas”.

Actualmente se tramita el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el que se pretende “fortalecer las instituciones, favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social”. En Canarias se ha puesto en marcha la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana (2010) y próximamente entrará en funcionamiento un sitio web con “datos e información relevante de toda la Administración”.