EFE | Madrid

El Gobierno permitirá que “en los casos más flagrantes” haya un arbitraje para que clientes de Bankia con participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por las cajas del grupo puedan recuperar el 100 % de su inversión.

El mecanismo se ofrece en los supuestos en los que hubo “mala praxis” en la comercialización o si hay circunstancias personales en las que el cliente no estaba en condición de entenderlos.

Según ha anunciado en el Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos, un asesor privado filtrará los casos de aquellos clientes que pueden optar al arbitraje, para que posteriormente las autoridades de consumo autonómicas puedan resolver.

Para De Guindos el arbitraje, que ya se ha aplicado a clientes de Novagalicia y CatalunyaBanc, tiene “ventajas”, en términos de rapidez de ejecución y de coste, sobre el procedimiento judicial.

Servirá para resolver conflictos entre clientes y entidades que comercializaron preferentes y deuda subordinada, entre las que se encuentran Caja Madrid y Bancaja, integradas ahora en Bankia.

Los productos híbridos de Bankia, vendidos antes de la llegada de Rodrigo Rato, ofrecían una rentabilidad más interesante que la media de los depósitos, hasta que la entidad entró en pérdidas.

Además, como Bankia recibirá fondos públicos, Europa obliga a aplicar quitas del 39 % en las preferentes en manos de pequeños inversores, del 46 % para quienes adquirieron deuda subordinada perpetua y del 14 % para la deuda subordinada con vencimiento.

Para evitar esos descuentos y consciente del problema de estos productos, el Gobierno permitirá el arbitraje y dará opción a que se recupere el 100 % de la inversión.

La noticia ha provocado distintas opiniones en la oposición, ya que desde el PSOE, Valeriano Gómez, ha criticado que la criba la haga una entidad privada y aboga por que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien lleve a cabo esa labor, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha pedido que la iniciativa se publicite.

Desde la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, cree que si se constata que hubo engaño, el resultado no puede ser sólo un sistema de arbitraje y que los particulares asuman unas pérdidas como si fueran inversores institucionales, en línea con la tesis planteada por el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo.

Al margen del arbitraje, la séptima comparecencia del ministro en la Comisión de Economía del Congreso, le ha servido para aclarar que en los próximos meses el FROB establecerá el mejor momento para vender Novagalicia que, como CatalunyaBanc, estará participada en breve únicamente por el Estado.

La nacionalización total de estas dos entidades obligará al Ejecutivo a anotar este mismo año como déficit público los 6.595 millones que había “invertido” en ellas, aunque no se tendrán en cuenta dentro del procedimiento de déficit excesivo.

También hay que tener en cuenta, según ha recordado De Guindos, que ese desajuste se financiará con la ayuda europea de unos 40.000 millones que servirá para reforzar las cuatro entidades en manos del Estado y el “banco malo”.

Sobre esta institución, denominada Sareb, ha precisado que su tamaño final rondará los 55.000 millones, 5.000 millones menos que el máximo previsto inicialmente.

Por el contrario, ha elevado desde 1.500 hasta un máximo de 2.000 millones la ayuda final que necesitarán las entidades del grupo dos, entre las que se encuentran BMN, España-Duero (Ceiss), Caja 3 y Liberbank.

Por último, De Guindos también ha aprovechado su comparecencia a petición propia para desvelar que en septiembre se empezó a pensar en vender Banco de Valencia, inviable por sí misma y que ha acabado en manos de CaixaBank, la mejor oferta de las tres presentadas.

El ministro ha justificado que esa salida era más barata que la liquidación, a pesar de que el grupo catalán se ha hecho con el valenciano por un euro, con una ayuda adicional de 4.500 millones y un esquema de garantía frente a posibles pérdidas que puede costar 600 millones más.