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El colectivo sanitario aún no sabe si debe atender a los ‘sin papeles’

Brigida Mendoza
Brígida Mendoza conversa con dos diputados antes de presentar los presupuestos. | EFE

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Al mismo tiempo que la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, presentaba los presupuestos de su departamento para 2013, que finalmente suponen unos 40 millones menos que en el presente ejercicio, los profesionales sanitarios continuaban sin saber cuáles serán y en qué medida afectarán los nuevos recortes y también por qué aún no se ha desarrollado y explicado el Real Decreto de reforma del Sistema Nacional de Salud.

En él se incluyen medidas que, dos meses después de su entrada en vigor, siguen siendo muy controvertidas. Una de ellas es la atención a inmigrantes en situación administrativa irregular. Al respecto, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recordó el miércoles en una nota que ha dado instrucciones precisas a los centros asistenciales para que en todo momento presten asistencia a toda persona que lo necesite.

Una instrucción que, sin embargo, niegan haber recibido los profesionales. De hecho, el Sindicato Médico aseguró ayer al DIARIO que los sanitarios aún desconocen si deben o no atender a los sin papeles, en qué supuestos y cuáles serían las consecuencias de esa atención. Paradójicamente, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias hizo pública ayer una carta enviada por el director del Área de Salud de Tenerife, Alberto Talavera Déniz, a una inmigrante chilena a la que negaron la asistencia en urgencias en varias ocasiones. En dicha misiva, Talavera recuerda que “la asistencia urgente, incluido el transporte sanitario de urgencia, está incluida en la cobertura pública del Sistema Nacional de Salud, por lo que los gastos que se produzcan se harán cargo a fondos públicos bien de las instituciones propias del Servicio Canario de la Salud, como de los centros concertados, en cuyo caso último la atención será financiada por la Dirección de Área de Salud de Tenerife”.

Estas “contradicciones” y “opacidades” en la aplicación de la ley fueron muy criticadas por la ex consejera y portavoz del PP en la comisión de Sanidad del Parlamento, Mercedes Roldós, quien acusó a la actual consejera, Brígida Mendoza, de “empeorar la salud de los canarios” y dejar el sistema en una “situación crítica”. Para Roldós, las cuentas de 2013 no sólo supondrán “más despidos” de personal y “menos recursos”, sino que además no contemplan dinero para infraestructuras básicas como los hospitales del Norte (0 euros) y del Sur (1,5 millones) y dejan de lado áreas como las drogodependencias.

En la orilla opuesta, Brígida Mendoza aseguró que el presupuesto “garantiza la asistencia pública a los ciudadanos”. La consejera, que reiteró que los ajustes de personal no supondrán despidos, señaló que se adecuará la Cartera de Servicios a la establecida por el Ministerio, de la que se beneficia toda la población, garantizando que quienes se ven más afectados por la actual crisis cuenten con los servicios sanitarios necesarios. Mendoza, que afirmó que habrá dinero (438 millones) para pagar a las farmacias, dejó claro entre los objetivos “irrenunciables” para 2013 está el “mantenimiento de todos los centros asistenciales”, así como su condición pública, como elemento de cohesión social.