El Consultivo informará sobre el recorte en el turno de oficio

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias acordó ayer solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para su reconocimiento.

Dicho proyecto cuenta con la frontal oposición del Consejo Canario de Abogados, que ha movilizado a los letrados de las Islas en dos jornadas de protesta con gran éxito de convocatoria.

Tal y como explicó esta semana el Decano del Colegio de Abogados de Tenerife, Víctor Medina, el Gobierno de Canarias ha mutado sus planes iniciales y finalmente eleva al Consultivo una rebaja lineal del 7,5 por ciento de las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio.

En concreto el proyecto de reforma del decreto 57/98 afecta a los módulos y bases de compensación económica de la subvención a abonar por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a los colegios de abogados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y La Palma y a los colegios de procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, según detalla la nota remitida por el Ejecutivo autonómico.

En dicho comunicado se argumenta que la crisis ha provocando una subida en los beneficiarios que se ven abocados a la Asistencia Jurídica Gratuita, así como de los litigios, pero que el que “la disminución del crédito presupuestario para el próximo año ha motivado un ajuste de los honorarios a la baja para así poder cumplir con el plan económico-financiero”. Dicho lo cual, se cifra el ahorro en cerca de 1.350.379,43 euros.

Aunque la nota alude a las “reuniones informativas” mantenidas con los colectivos afectados, lo cierto es que, al ser preguntado sobre la posibilidad de establecer una negociación con el Ejecutivo regional, Medina respondió en su día a este periódico que “no es que estén rotos los puentes de la negociación, es que nunca los hubo. Ni ellos la han propuesto ni nosotros la hemos querido. Lo único fue un intercambio de pareceres en el que la administración ha expuesto su punto de vista y los colegios de abogados de Canarias hemos rechazado sus planteamientos”. Tanto Medina como el resto de los colegios de abogados canarios se han manifestado repetidamente contrarios a este recorte al entenderlo desmesurado, a la par que advierten de que los efectos que pueda causar en el servicio serán, a su juicio, muy perniciosos, ya que lo más probable es que impliquen una menor afluencia de letrados a este turno. Sea como fuere, tras la decisión del Consultivo, que no es vinculante, se aplicará el recorte en cuestión y sólo restará que los colegios de abogados establezcan las oportunas listas, imprescindible para el normal funcionamiento del servicio.