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La corrupción – Por Jaime Rodríguez-Arana

Según los datos de transparencia internacional de este año 2012, la corrupción en España sigue siendo un problema pues no mejoramos nuestra posición. Probablemente debido a los múltiples casos de uso inmoral de los poderes urbanísticos y a los abusos de las instituciones financieras. La corrupción política es, desde luego, un mal que se debe combatir desde diversos frentes y es uno de los más importantes la existencia de controles razonables sobre el ejercicio del poder que garantice que este se realiza al servicio del interés general. El urbanismo suele definirse como la ordenación racional del uso del suelo. Racionalidad que no se agota sobre sí misma sino que se dirige a fomentar el derecho a la vivienda de todos desde parámetros, como dice el artículo 47 de la Constitución, de dignidad. Es decir, los poderes urbanísticos deben estar encaminados a posibilitar que todos los españoles dispongan de una vivienda digna y adecuada. Para ello es menester asegurar que el uso de dichas potestades se oriente siempre hacia el interés general, evitando que el urbanismo sea una de las fuentes de riqueza más rentables para políticos y comisionistas. Hoy, por razones que todos conocemos o intuimos, la excesiva discrecionalidad, cercana a la arbitrariedad que reina en el proceloso mundo del urbanismo, ha de ser reducida a sus justos límites. Los casos de recalificaciones interesadas, de modificación de planes, concesión de licencias, suspensión de obras y cualesquiera otras operaciones urbanísticas que trastocan el status quo del suelo, deben ser objeto de una exhaustiva y precisa motivación. La apelación genérica y abstracta a razones de interés general para acometer tales tropelías suele esconder propósitos inconfesables, muchas veces vinculados a la financiación de los partidos políticos o a las cuentas corrientes de algunos políticos. El problema de la corrupción no se arregla solo con leyes. En esta materia precisamos de una educación cívica exigente, de un compromiso renovado con los valores democráticos. En un mundo en que el deseo de poder, de dinero y de notoriedad no conoce límites, cada vez es más relevante que quienes están llamados a desempeñar funciones de gobierno y dirección de instituciones públicas asuman la tarea conscientes de que los poderes de que van a disponer han de operarse únicamente al servicio del interés general.

Hay quien sostiene que la corrupción desaparece si se elimina la discrecionalidad. Es una postura comprensible, pero alejada de la realidad. Los poderes públicos, como su propio nombre indica, necesitan de “potestades” para hacer visible y concreto el interés general. Y esas potestades implican márgenes razonables de discrecionalidad para la toma de decisiones. Si el poder se convierte en una mera operación matemática en la que no caben valoraciones sobre lo que es oportuno o conveniente según el interés general que se han de concretar, entonces la propia política dejaría de tener sentido y viviríamos en el reino de la tecnocracia, en el gobierno de los técnicos. Algo que la historia ha dejado testimonio de su fracaso. Quizás lo más razonable sea estudiar las potestades urbanísticas para diseñar mejores controles.

Jaime Rodríguez-Arana ES CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO