Cuando al ciudadano lo transforman en cliente, sus derechos se convierten en objetos de consumo. Y esa transformación es, según vemos a diario, la meta que persigue el Partido Popular desde el Gobierno de España. La privatización paulatina de todo cuanto es público avanza a lomos de una mayoría absoluta que para el PP no significa una inmensa responsabilidad, sino una carta blanca para hacer cuanto se le antoje sin tener que consensuarlo, o siquiera discutirlo, con el resto de representantes de los ciudadanos.

Ejemplos hay de sobra, y sólo con observar el malestar en el sector sanitario ya tenemos una pista de por dónde van sus intenciones. Lo más reciente lo tenemos en la ley de tasas que nos ha obsequiado Gallardón, que de vez en cuando saca tiempo para ver cómo van las cosas en Justicia, aunque su prioridad sea impedir que las mujeres sean dueñas de sus cuerpos.

Se podría pensar que el obsceno encarecimiento del acceso a la Justicia para los ciudadanos es una maniobra, burda y grosera, para descongestionar los juzgados. Qué mejor manera de aliviar la carga de trabajo que disuadiendo a los ciudadanos de que ejerzan sus derechos. Pero va más allá, mucho más allá. Una ley que impone tasas desproporcionadas (recurrir una multa de 100 euros puede salir por 200) lanza a los ciudadanos el mensaje de que la Justicia es un producto de lujo, al que no puede, ni debe, acceder cualquiera. Impone una ideología sobre el ejercicio de un derecho, el de la tutela judicial efectiva, reconocido como fundamental por la Constitución.

El preámbulo de la Ley llega a la desvergüenza de afirmar que estas tasas permitirán mejorar la asistencia jurídica gratuita (es decir, la asignación de letrado y procurador de oficio a quienes acrediten no poder pagar unos), confundiendo deliberadamente ambos conceptos ante el ciudadano.

No sólo desde el PSOE hemos manifestado nuestra abierta y firme oposición a este atropello (al que incluso se ha querido someter a las víctimas de violencia de género, un colectivo que finalmente ha quedado excluido en los procesos civiles que le afecten gracias a la presión de los socialistas y de los colectivos feministas), sino que ha concitado la crítica unánime y feroz de todas las asociaciones profesionales relacionadas con la judicatura: jueces, fiscales, abogados, procuradores, secretarios judiciales, etc., y que en Canarias ha llegado al punto de que se declare a Gallardón persona non grata por parte del Consejo Canario de Colegios de Abogados. En 1986, el Gobierno de Felipe González suprimió las tasas judiciales porque eran fuente de distorsiones en el funcionamiento de la Justicia; fue Aznar quien las reintrodujo en el año 2002. Y es Rajoy quien las eleva hasta límites prohibitivos para la mayoría de españoles. Desde el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado multitud de iniciativas en el Congreso para que el Gobierno rectifique y dé marcha atrás, pero las mayorías absolutas y la arrogancia causan sordera, y rectificar es de sabios.

El acceso a la Justicia también es un pilar del Estado del Bienestar. La financiamos entre todos, y no puede convertirse en un club elitista al que sólo puedan acudir quienes estén sobrados de dinero.
Alguien que tenga que pleitear hasta el Tribunal Supremo para lograr una indemnización por un accidente laboral que le cause incapacitación puede verse obligado a desembolsar hasta 20.000 euros sólo en tasas durante el proceso. ¿Qué obrero de la construcción puede pagarse algo así? ¿Qué locura es ésta?

Ante la ley no somos consumidores ni clientes, somos ciudadanos de pleno derecho, iguales, sin distinción económica que valga. El PSOE va a pelear para evitarlo, porque forma parte del Estado social que hemos construido en treinta años de democracia.

*VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y DEPENDENCIA EN EL CABILDO DE TENERIFE Y SENADOR POR LA ISLA