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Cumplir con los ciudadanos o con el déficit – Por Román Rodríguez

Nueva Canarias presentó esta semana en el Parlamento su enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2013, derrotada por los votos de CC, PSOE y PP. Una enmienda constructiva y sólidamente argumentada ante unas cuentas públicas, las del Gobierno de CC y PSOE, muy negativas y que seguirán contribuyendo, como las de los ejercicios anteriores, a la depresión económica, al incremento del desempleo y al deterioro de los servicios públicos.

Son unos presupuestos condicionados, sin duda, por el actual marco de crisis económica y, sobre todo, por las políticas de consolidación fiscal, sustentadas en la austeridad en el gasto. Es decir, el denominado austericidio, que está llevando al continuo empeoramiento de las condiciones económicas y sociales, al centrarse los gobiernos exclusivamente en la reducción del gasto, sin que se atrevan a mejorar los ingresos a través de una fiscalidad más progresiva y justa, así como de la persecución del fraude. Como señala el economista Paul de Grauve, “Europa está entrando en un segunda gran recesión (tras la de 2009) auto provocada”.

Unas cuentas públicas condicionadas, asimismo, por la nefasta reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por el PSOE y por el PP, para fijar estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública, priorizando el pago de la deuda a los derechos de los ciudadanos.

Así como por el injusto reparto del déficit: 3,8% el Estado y 0,7% las comunidades autónomas (CC.AA.), y por permitir el Gobierno del PP un mayor endeudamiento a comunidades que no habían cumplido.
Hemos reiterado que no se puede reducir el déficit público a este ritmo ni con esta injusta distribución porque genera depresión económica, crecimiento del paro y caída de los ingresos públicos, que a su vez vuelve a impedir el cumplimiento previsto del déficit.

A los anteriores condicionantes se le suma una financiación autonómica, que nos coloca 800 millones de euros al año por debajo de la media española y, asimismo, el efecto de la reducción, en 463 millones, de las partidas destinadas a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, incumpliéndose gravemente, una vez más, con nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF).
3.600 millones menos

Canarias, con el beneplácito de sus gobiernos, los anteriores de CC y PP y de CC en solitario, y el actual, han disminuido sus presupuestos en más de 3.600 millones de euros en los últimos cinco años. Una parte, pequeña, ha sido reduciendo gastos no prioritarios, circunstancia que comparto. Pero el grueso de ese enorme recorte ha sido en detrimento de la inversión y de los servicios públicos educativos, sanitarios y sociales; afectando, por tanto, a la economía, a la equidad y al bienestar ciudadano. En el presupuesto que nos ocupa, el correspondiente al año 2013, se produce un recorte de 450 millones de euros que afecta, esencialmente, a las políticas activas de empleo y a los servicios públicos. Así como a la inversión, que sufre una bajada del 30% respecto al de 2012, con el agravante de que la mitad de la exigua partida se destinará a pagar deuda pendiente. Se enmascaran datos. El Gobierno va a reducir 87 millones el capítulo I, el de personal. Y anuncia que 17 millones saldrán de la reducción salarial y horaria de 3.300 laborales. ¿Y los otros 70? Saldrán, sin duda, de Sanidad y Educación, mediante fórmulas como seguir sin cubrir las bajas que se producen por fallecimiento y jubilación. Con lo que tendremos menos enseñantes y menos personal sanitario, continuando con el desmantelamiento de lo público. Incrementando las listas de espera sanitarias y las ratios educativas.

En los presupuestos canarios para 2013 se reduce el gasto en las políticas para industria y energía en un 78,6%, dejando sólo 4,8 millones de euros para todo el año 2013, afectando fundamentalmente a las ayudas para las energías renovables y para el ahorro y la eficiencia energética. Algo similar le sucede a la partida para investigación, desarrollo e innovación, que baja un 31,1%, una reducción de 29,4 millones de euros.

También perjudica a la actividad económica y al mercado canario la reducción de 4,5 millones de la subvención canaria al transporte insular de mercancías, dejándola sólo con un millón de euros, lo que encarecerá la cesta de la compra en las islas no capitalinas.

EMPLEO

Y completamente escandalosa resulta la reducción de 137,9 millones de euros, una caída del 44,7%, en empleo y formación profesional. La reducción de la transferencia estatal del PIEC en 30 millones no ha sido compensada con un mayor esfuerzo a cargo de la CAC, lo que además pone en peligro a cientos de trabajadores del Servicio Canario de Empleo. En una situación donde la tasa de paro es del 33,6% es incomprensible que las partidas para políticas activas de empleo sufran una disminución tan abultada.

Respecto a los servicios públicos, Sanidad disminuye su presupuesto en 2013, cuando el mismo ya está por debajo del coste real en farmacia y en gasto corriente; y las inversiones prácticamente desaparecen, con lo que será imposible cumplir con los planes directores en marcha. Se acrecentará la actual dinámica, tras un año en que se han perdido 3.818 empleos en el Servicio Canario de Salud. Lo que influirá tanto en la calidad de la atención primaria como en la negativa evolución de las listas de espera.

Educación lo hace en 130 millones (-8,2%), desapareciendo las partidas destinadas al refuerzo escolar, como este año lo hicieron las de la acogida temprana; se hace preciso recordar que estas dos acciones constituían las “medidas de calidad” del Gobierno canario en materia educativa. El porcentaje de Educación respecto al PIB se queda en un 3,3%, inferior a la media española y muy alejada de la europea. Nueva Canarias rechaza estos presupuestos porque ni sirven para combatir la crisis ni para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos. Seguimos oponiéndonos a los recortes y planteamos la necesidad de generar ingresos, revisando el actual modelo fiscal español y canario. Estableciendo una estrategia firme de persecución del fraude para que paguen quienes no pagan y para que lo hagan más los que más tienen. El Gobierno central y muchas de las autonomías no van a cumplir este ni el próximo año con el déficit. Algunos ya lo han dicho. En nuestra opinión, la gravedad de la situación económica y, sobre todo, el creciente sufrimiento de la gente por el paro y el aumento de la pobreza debe obligar a replantear las vigentes políticas económicas y fiscales. Es imprescindible exigir que se retrase el ajuste fiscal y que se establezca un reparto justo entre Estado y CC.AA. Así como implementar políticas de estímulo a la demanda. Hay que elegir entre cumplir con el déficit o hacerlo con los ciudadanos y sus necesidades.

*DIPUTADO EN EL PARLAMENTO REGIONAL Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS