El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un balance sobre el primer año del Gobierno del Partido Popular, se añade al cúmulo de diagnósticos y proyecciones que cuestionan tanto los argumentos económicos del equipo de Mariano Rajoy como sus postinudas previsiones. Para los economistas de Fedea el déficit público se situará, en el próximo día 31 de diciembre, entre el 7,3% y el 7,7% del PIB; se recordará que el compromiso gubernamental con Bruselas estaba fijado en el 6,3%. Según el propio Gobierno, el déficit ya escaló hasta el 6,2% en el pasado septiembre, pero se trata de una montorada más, porque este cálculo se realiza tomando como base el decrecimiento del PIB previsto para 2012.
Si se atiende a la evolución real del PIB -bastante peor que la proyectada en los presupuestos generales del Estado- el déficit podría cerrarse por encima del 8%. En los más de 65.000 millones de euros de desfase fiscal (casi el 80% del mismo corresponde al Gobierno central) hay que incluir los casi 10.000 millones de misericordiosas ayudas públicas a los bancos.
Los caballeros de Fedea, ante estas cifras, vaticinan, sin mayores remilgos, que “lo más duro de los recortes está por venir” y que necesariamente llegará en el bienio 2013-2014. Como no es previsible (por decirlo suavemente) que el PP modifique la normativa tributaria sustancialmente -la que permite que a Díaz Ferrán le salga negativa la declaración de la renta o que Iberdrola o Zara aporten cantidades irrisorias a la hacienda pública- el Gobierno está abocado a fumigar tres grandes áreas de gasto: la sanidad pública, las pensiones de jubilación y las prestaciones por desempleo. La solicitud del rescate financiero por la UE es, hasta cierto punto, un asunto secundario para la sociedad civil española, porque para evitarlo el Gobierno impondrá las condiciones económicas, presupuestarias y laborales que las condiciones del rescate decretarían al Estado español.
Mariano Rajoy se ha mostrado orgulloso de los resultados de su primer año de Gobierno. Si yo fuera un conservador español creo que lo tacharía de traidor de lesa patria, por el atroz sufrimiento social que está causando, por la ruina a la que lleva a la economía española, por la hipoteca aterradora que está volcando sobre el futuro del país. Lo suyo es una declaración de guerra y no piensa dejar prisioneros.