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Denuncian al Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo

DIARIO DE AVISOS | La Laguna

Representantes de la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar han anunciado que hoy, martes, se personarán en la Subdelegación del Gobierno, en Santa Cruz, para denunciar al Ayuntamiento de La Laguna, tanto ante el Defensor del Pueblo como del Diputado del Común. Consideran que el equipo de Gobierno de CC y PSOE “no está haciendo lo suficiente” para ayudar a las familias más necesitadas del municipio. Asegura el colectivo que “son numerosos los casos de familias precarias”, la mayoría madres solas con hijos a cargo sin o con escasos ingresos, “a las que las Unidades de Trabajo Social (UTS) de zona niegan las ayudas básicas de alimentos, de alquiler y de primera necesidad”.

Y todo ello como consecuencia de “una interpretación muy extrema de la normativa municipal y casi nunca por escrito”, lo que está provocando que algunas de estas familias “pasen literalmente hambre y miserias”. “Se están denegando ayudas a familias en situaciones muy precarias y desesperadas, por el simple hecho de contar con una prestación de 426 euros, sin tener en cuenta la realidad especial de cada familia concreta”.

Por ello, exponen: “Nos estamos viendo obligados a socorrer nosotros mismos a estas familias laguneras a las que el Ayuntamiento da de lado, con campañas de solidaridad como la que celebramos el pasado miércoles en Casa Taucho”.

ESCRITO DE SÍ SE PUEDE Y XTF
Tras acudir a la Subdelegación del Gobierno para presentar denuncia, la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar también tiene previsto reunirse hoy con representantes de las tres fuerzas políticas de la oposición en La Laguna, Partido Popular, XTF y Sí se puede. Estos dos últimos partidos se han interesado también por la denuncia presentada por la plataforma contra el Ayuntamiento, tras la reciente demolición parcial de una vivienda de El Coromoto que iba a convertirse en inmueble ciudadano.

Según han informado las dos formaciones progresistas en la oposición, el objetivo es saber “de quién es la propiedad, si la vivienda estaba protegida y si quienes procedieron a derribarla habían solicitado los permisos pertinentes o lo hicieron de forma irregular”.