MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

La luz se está convirtiendo en un artículo de lujo. En el último año, los consumidores se han visto sometidos a cuatro subidas consecutivas de las tarifas, incluyendo el aumento del IVA en septiembre. La última entrará en vigor a partir del 1 de enero y podría multiplicar hasta por ocho el precio del kilovatio/hora de los que se excedan del consumo medio.

La novedad, en esta ocasión, está en que el Gobierno ha decidido gravar a quien más consume, es decir, a partir del próximo año los usuarios con potencias contratadas de entre 3 y 10 kilovatios (casi todos los hogares españoles) que superen el 10% del consumo medio sufrirán un recargo adicional que podrá oscilar entre el 1% al 8%. Esto se traduce, en el recibo de la luz, en unos 44 euros de más al año, según denuncian las asociaciones de consumidores.

Pero es que a esta subida del próximo mes de enero, le precedieron un tarifazo del 7%, que comenzó a aplicarse en abril pasado, y que fue consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo que dio la razón a las eléctricas que denunciaron al Gobierno por la congelación de las tarifas en enero pasado. Tres meses más tarde (dado que las tarifas se revisan trimestralmente), en julio, la tarifa de último recurso (TUR) volvió a subir un 3,95% y en octubre bajó un 2%, aunque ésta se vio solapada por el incremento del IVA de septiembre.

El argumento utilizado por las eléctricas y avalado por el Gobierno, para elevar los precios, es que hay que hacer frente al llamado déficit tarifario, que ronda ya los 25.000 millones de euros. El precio de la luz se ha ido de las manos y ahora toca pagar por ella. Las compañías eléctricas gastan más en producir la luz que lo que cobran por ella y esto no se debe, como ha dicho en varias ocasiones el Gobierno, por la introducción de las energías renovables sino porque las fuentes tradicionales de producción energética dependen de un mercado en continuos cambios.

Según fuentes del sector de las renovables, los españoles pagan un 3% de más en el recibo de la luz solo para compensar el déficit de Canarias, cuando es un lugar idóneo para la instalación de energías” limpias”.

En este sentido, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, no ha dejado de defender un marco legislativo propio para el Archipiélago que regule la instalación de energías limpias en las Islas y que reducirá el recibo de la luz.

Este documento, según explicó el propio Rodríguez de Azero, está a punto de salir a la luz, previsiblemente el próximo mes de enero. “Si se apostara por este tipo de energías”, señaló, “la luz sería mucho más barata”.

Precisamente, las organizaciones de consumidores cifran en un 70% el incremento del precio de la luz desde el año 2008, lo que sitúa las tarifas eléctricas españolas entre las más caras de toda la Unión Europea.

Al margen del aumento de la tarifa eléctrica del 3% a principios de 2013, los usuarios tendrán que hacer frente, también, a la sustitución de los contadores analógicos por los digitales, en cumplimiento del Real Decreto 809/2006. Según la planificación del proyecto, la instalación del nuevo contador tiene de plazo hasta 2015 y se hará de forma paulatina en toda la Comunidad Autónoma.

Estos nuevos contadores cuentan con un sistema de telegestión que permitirá, según explicaron fuentes de Endesa, una mejor gestión a distancia facilitando el ahorro para el cliente” y evitando los errores en las mediciones.

Los contadores digitales se dirigirán a través de un sistema de telegestión, que estará en Sevilla, donde un operador, desde su ordenador, podrá realizar las operaciones de lectura, control de potencia, cortes y reconexiones, entre otras funciones.

El problema viene con los gastos de instalación y con el Interruptor de Control de Potencia (ICP), aparato que controla la potencia de la vivienda y que, en el nuevo contador, ya está incorporado. Hay muchas viviendas, las más antiguas, que pagan por el consumo, pero con una potencia contratada inferior a la que realmente utilizan; y otras, incluso, que carecen del ICP.

Con la llegada de los contadores digitales, los usuarios tendrán que regularizar su situación y muchos deberán cambiar el contrato a otra potencia, unos 5,5 kilovatio para una vivienda común, lo que supondrá unos 11 euros al mes de más, que junto con los 44 anuales de la última subida, suman 176 euros anuales de media por familia, unos 14 euros mensuales.

Hay cuatro millones de viviendas en estos casos en toda España, según el Ministerio de Industria y en Canarias no menos de 200.000 abonados afectados, todos con contratos de hace más de 15 años. Ahora gracias al contador digital, cuando el ordenador detecta que se está consumiendo más potencia que la contratada desconecta el ICP, lo que se conoce como un salto de plomos. En este caso, Endesa advertirá de que tiene que contratar una nueva potencia eléctrica para la vivienda. Desde la compañía se advierte de que esto se produce por una cuestión de “seguridad” ya que los cables utilizados para esa potencia no soportarían una recarga de una potencia superior. Por lo tanto, la clave ahora para reducir la factura de la luz está en el ahorro energético e incluso en reducir el consumo. De hecho, la demanda eléctrica ha bajado en el último año el 2%.