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Detienen a un funcionario judicial e imputan a un letrado en Arona

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Un funcionario judicial arrestado y un abogado imputado es el balance provisional del servicio prestado el pasado fin de semana por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el sur de Tenerife, en hechos relacionados con determinadas anomalías detectadas en los juzgados de Arona, en información confirmada ayer a este periódico por vías extraoficiales.

Aunque el mutismo oficial sobre el caso es considerable, sí es sabido que el objetivo central de la investigación es el referido trabajador, al que posiblemente se le realizó un seguimiento desde hace tiempo que incluyó asimismo algún tipo de vigilancia, ya sea personal o de telecomunicaciones. Respecto al letrado, del hecho de que simplemente fuese llamado a declarar en la mañana del sábado puede desprenderse de que su papel en la supuesta trama es secundario o incluso residual, y que el juzgado lo llamase como imputado para que tuviera plena libertad a la hora de relatar lo que sabe.

No en balde, un imputado puede mentir para no perjudicarse, cosa que en caso de testificar como testigo podría incurrir en un delito de perjurio.

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
Sobre los hechos que han originado esta actuación policial, que recayó finalmente en la mañana del pasado sábado el juzgado de guardia -casualmente ese día era el del Decano de los Juzgados de Arona, Nelson Díaz Frías-, solo se puede apuntar que se trata de supuestos hechos relacionados con el cargo del trabajador en cuestión. Es decir, un delito contra la administración pública comprendido en el Título XIX del Código Penal, en el que se contemplan desde la prevaricación hasta el cohecho o la revelación de secretos.

En cuanto a la denuncia que originó el servicio policial, no hay constancia de que haya sido interpuesta por un letrado cuyo cliente (o él mismo) se entendiera como perjudicado.
A la espera de que el cierre de la investigación permita aflorar más datos al respecto, es preciso apuntar que ya en estos juzgados se dio un antecedente de un funcionario que finalmente fue juzgado por delitos contra la administración pública y que acabó siendo condenado a una pena privativa de libertad.