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El Ejecutivo regional asume la gestión directa de tributos

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El portavoz, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. | DA

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

En lo que Martín Marrero define como “un paso hacia la agencia tributaria canaria”, el Gobierno regional asumirá el 1 de enero la gestión tributaria de los impuestos cedidos, hasta ahora encomendada a las oficinas liquidadoras a cargo de los registradores de la propiedad.

Con esa finalidad, el Consejo aprobó ayer un decreto por el que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones se recaudarán de forma directa. Esto significa, en palabras del portavoz, que la Administración ahorrará en torno a los seis millones de euros al año. Se trata de la mitad del coste de la gestión del servicio. La recaudación media viene siendo de 230 millones de euros.

Este cambio conllevará que las funciones desempeñadas en las oficinas liquidadoras por el personal específicamente contratado por los registradores de la propiedad serán realizadas “mayoritariamente” por empleados públicos que se trasladarán a la Dirección General de Tributos desde otros departamentos de la Comunidad Autónoma. Asimismo, la atención al público se prestará en la red de oficinas tributarias de titularidad pública.

La Dirección General de Tributos seleccionará a unos cien trabajadores entre los quinientos candidatos presentados.
En la habitual rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, Martín Marrero explicó que, con esta centralización, la Administración regional “ofertará un mejor servicio al impulsar el cumplimiento voluntario del pago de impuestos, y dispondrá de herramientas más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal”.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS
El Consejo también adoptó la decisión de instar al Gobierno de la nación a que anule el decreto que regula las autorizaciones de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. Esta es la primera vez que el equipo de Paulino Rivero invoca como fundamento jurídico la ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias, ley posterior al real decreto 1028/2007.

De no ser atendido el requerimiento, Canarias planteará un nuevo conflicto de competencias en los espacios marítimos. Curiosamente, el ahora ministro de Industria, José Manuel Soria, participaba en el Gobierno canario (PP-CC) cuando en 1977 se recurrió el anterior real decreto, al entender que “las aguas canarias forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma y en ellas se pueden ejercer las mismas competencias que en tierra”.

El Ejecutivo se apoya en la “singularidad de Canarias, especialmente en el sector eléctrico, que la separa de los territorios peninsulares en los que encuentra explicación la competencia estatal para la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito”.