EUROPA PRESS |Santa Cruz de Tenerife

La Plataforma de Empleados Públicos afectados por el recorte salarial y de jornada del 20% que pretende llevar a cabo el Gobierno de Canarias ha anunciado que no descarta emprender medidas judiciales contra una medida que califica de “discriminatoria e ilegal” y por considerar que los grupos que apoyan al Ejecutivo (CC y PSOE) podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación.

En una nota de prensa, la Plataforma ha explicado que esta propuesta fue presentada vía enmienda por ambos grupos el pasado lunes para su inclusión en el Proyecto de Presupuestos para 2013, argumentando supuestas razones de estabilidad presupuestaria.

Esta propuesta, añade, supone una “auténtica desvergüenza política”, ya que al Ejecutivo “ni se le ha pasado por la cabeza proponer como mínimo un porcentaje similar de recorte sobre los salarios de consejeros, altos cargos y asesores, sobre los cuales sólo se les haría recaer un 6,7% de reducción”.

La Plataforma, que engloba a los 3.300 empleados públicos afectados por el recorte salarial y de jornada, ha censurado también que el Gobierno de Canarias no haya reducido ni dietas ni el dinero previsto para estudios y proyectos con empresas externas que, remarca, “podrían llevar a cabo los propios trabajadores públicos”.

Además, ha aclarado que si se aplicase una reducción del 1 por ciento sobre el salario de todo el colectivo de trabajadores públicos, se obtendría igual cantidad que la que se pretende obtener de los 3.300 empleados afectados.

Aplicar esta medida sólo al personal laboral temporal, indefinido por sentencia o resolución administrativa y a los funcionarios interinos, en opinión de la Plataforma, es una “flagrante discriminación”, ya que “no se ajusta a la normativa comunitaria vigente, según recoge una directiva europea relativa al trabajo de duración determinada.

Así, el Principio de no discriminación en las condiciones de trabajo, recogido en la cláusula 4, detalla que “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

La Plataforma ha apuntado, además, que son varias las sentencias del Tribunal Europeo que avala el hecho de que el tipo de contrato “no es una razón objetiva que justifique la aplicación de la discriminación”, por lo que la medida que va a llevar a cabo el Gobierno de Canarias es “doblemente discriminatoria” porque “no se aplica en todas las Consejerías”.