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Exigen la suspensión temporal de la entrega de los nuevos pisos

El albergue municipal viviendas timibucar
El albergue municipal será derribado, como la promoción de Mirca, antes de diciembre de 2013. / DA

EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

Un grupo de vecinos de Timibúcar y Mirca, beneficiarios de los pisos protegidos de la calle Galguén construidas en sustitución del albergue municipal y de la deteriorada promoción viviendas de Mirca, solicitarán hoy y mediante un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la suspensión del acto oficial de entrega de las viviendas al que está previsto que acudan entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de Canarias.
Piden tiempo para negociar, para revisar los contratos, pero también más información y la capacidad de respuesta del grupo de Gobierno capitalino, conformado por socialistas y populares, para conseguir dar marcha atrás en los precios establecidos en concepto de alquiler y comunidad. Según el concejal de Urbanismo fueron baremados por la empresa pública Visocan y que los vecinos atribuyen únicamente al Ayuntamiento, propietarios de la nueva y moderna promoción de viviendas.

TEMORES

Algunos de los afectados por las condiciones del contrato al que obliga esta mudanza, que han demandado insistentemente durante los últimos dos años y que ahora temen por la carestía que les supondrá, se reunían ayer para despejar todas las dudas administrativas con el asesoramiento de una abogada que ha prestado su colaboración. Otros dedicaron la mañana del miércoles a pedir apoyo a agentes sindicales para “evitar que terminados los cinco años que pone el contrato nos puedan poner en la calle; no sabemos qué hacer”. Así lo reconocía uno de los vecinos que, como el resto de los consultados, evita tomar el protagonismo de esta protesta por unos temores pasan por la perdida de unos derechos que hasta ahora sí tenían sobre sus deteriorados hogares.

CC CONVOCA UNA REUNIÓN

La oposición nacionalista, mientras tanto hacía una “llamada a la calma” para luego convocar una reunión en su sede local, reunión que fue comunicada por escrito. El portavoz de CC, Juan Felipe, preguntado al respecto, aseguró que “que no se trata de politizar la situación sino de defender el interés general de los vecinos; el propio Juan José Cabrera ha reconocido que ha habido falta de información y lo que tienen que hacer es no dar un ultimátum a los vecinos, dejar de lado las imposiciones y acordar con ellos cambios en las clausulas abusivas que nosotros ya hemos señalado”.

Mientras tanto algunos vecinos aseguran que “no podemos firmar esos contratos antes del viernes como quiere el Ayuntamiento sin saber bien qué estamos firmando y perdiendo luego poder reclamar, porque no sabemos nada”. El borrador de los contratos que recogieron el día después de que el Ayuntamiento aprobara los estatutos de la comunidad, recoge la obligación de los arrendatarios de hacerse cargo del arreglo de cualquier zona del edificio, algo a lo que no están dispuestos “porque nosotros no tenemos dinero para eso”. Los vecinos no hablan de un enfrentamiento, sino de una negociación que, aseguran, no se ha producido a lo largo del proceso administrativo que se inició tras las promesas del Ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda, ahora desaparecido, y del Gobierno de Canarias. Ese momento llegó tras las comprobaciones in situ que realizaron la entonces ministra, Beatriz Corredor, y el presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero. Se calificó entonces de “indigna” la situación de sus hogares.

La no actualización durante décadas de las rentas, que en el caso del albergue no superaban los 18 euros mensuales, obliga a los vecinos a dar un salto cualitativo al que les resulta, dicen, imposible adaptarse.

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JUSTICIA SOCIAL PARA LOS INQUILINOS

El grupo de Gobierno defendió días atrás, en el marco del pleno celebrado específicamente para dar el visto bueno a los contratos y los estatutos de la comunidad de vecinos del nuevo edificio, la “justicia social” que prima en los mismos, donde se establecen rentas que van desde los 4,26 euros a un máximo de 284 euros. Ya en el transcurso de ese pleno, y en respuesta a las quejas de los nacionalistas, el concejal de Urbanismo, el popular Juan José Cabrera Guelmes aseguraba que “si hay errores se revisarán”, y apostillaba que “las personas que lo necesiten podrán seguir acogiéndose a las ayudas del Ayuntamiento”. Al pleno no acudió ni un solo vecino, pese a la larga espera que han mantenido y las quejas que han expresado cada invierno de los últimos años para recordar la lamentable situación en la que se encontraban. Algunos, preguntados a este respecto, se justifican diciendo que “ellos lo iban a aprobar igual y nosotros no teníamos esos papeles ni sabíamos que ponían”. Todos los vecinos tendrán que estar al corriente de sus pagos antes de firmar el contrato y acudir al acto de entrega de las viviendas.

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