Los socialistas propusieron esta semana en el Congreso de los Diputados una hoja de ruta para repartir los costes de la salida de la crisis que debieron haber ejecutado mucho antes, concretamente en la etapa en la que ellos gobernaban nuestro país. Es una pena que el PSOE haya rescatado las señas de identidad de la socialdemocracia en los escaños de la oposición y no cuando ocupaba los bancos azules del Gobierno. La iniciativa, pese a sus buenas intenciones, fue rechazada por la implacable mayoría absoluta de los diputados del Partido Popular, que cada vez se muestran más reacios a aceptar las alternativas que proponemos desde la oposición.
El PSOE planteaba, como muchos otros lo habíamos hecho con anterioridad, que las grandes fortunas aportasen más al saneamiento de las finanzas públicas. Una demanda que, a excepción del Partido Popular, cuenta con el apoyo de una inmensa mayoría del resto de los grupos parlamentarios y de la sociedad española. Ellos, en cambio, apuestan por las amnistías fiscales, pero consideran que pedir un impuesto a las grandes fortunas es “demagogia fiscal”, tal como apuntó en su momento el ministro Cristóbal Montoro.
Es una petición que claman a gritos los ciudadanos y que, sin embargo, ni el PP ni el PSOE, por mucho que ahora trate de emular las propuestas del presidente francés, François Hollande, se han atrevido a aprobar en nuestro país.
En España, a diferencia de lo que ha sucedido en Francia y Estados Unidos, en los que muchas de las grandes fortunas reclaman a sus Gobiernos pagar más impuestos, no han hecho gesto alguno para requerir una contribución mayor. Esperemos que las peticiones que se han planteado en otros países crucen nuestra frontera ya que, teniendo en cuenta la férrea oposición del PP, parece que es la única salida para que haya un giro en su negativa. El año que vivimos peligrosamente avanza sin que haya perspectiva de que la situación mejore y, aparte de gestos como el solicitado esta semana, es imprescindible que haya un cambio de rumbo en las políticas trazadas por el Gobierno para no seguir avanzando hacia mayores cuotas de desigualdad. En caso contrario, el panorama será tan desolador como el que dibuja el informe semestral de los economistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que se incluyen cifras que invitan a más pesimismo: la recesión se intensificará en 2013, y el desempleo aumentará hasta el 26,9% en 2013 y solo bajará una décima en 2014, superando de largo los seis millones de parados. Además, el Gobierno no podrá cumplir sus objetivos de déficit ya que el PIB disminuirá el 1,4%, casi el triple de lo que prevé el Ejecutivo (-0,5%) y la deuda no dejará de aumentar, llegando al 97,6% del PIB en 2014.
Es imprescindible, tal como planteamos muchos partidos esta semana en el Congreso, rectificar el escenario macroeconómico para 2013 y exigir en el seno de la Unión Europea un calendario más amplio para cumplir los objetivos de consolidación fiscal y evitar las políticas de austeridad excesiva de los Presupuestos Generales del Estado. Y, como reclamamos muchos, repartir los costes de la salida a la crisis y que estos no recaigan casi en exclusiva en las clases medias y las más desfavorecidas.
He denunciado en reiteradas ocasiones que las recetas que ha plasmado el Gobierno en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 solo sirven para agravar el estado de salud de un país que se muere de anemia por la oleada de recortes sociales y económicos emprendida por el Gobierno. Es incuestionable que el diagnóstico realizado por el equipo económico del Gobierno, que ha ido más allá de lo que le exigía Bruselas, se sitúa en las antípodas de los remedios que implora un país que se desangra por el imparable aumento de desempleados y por la ausencia de remedios para poner fin al sufrimiento que viven miles de familias. Constatan, además, el fracaso de un Gobierno secuestrado y sin alternativa cuya única obsesión es cumplir con el pago de los intereses de la deuda y atender al sector financiero con ayudas históricas. Intereses que absorben 38.600 millones de euros y ahogan al resto de los presupuestos a unas partidas más que insuficientes para estimular la economía y garantizar las prestaciones sociales más básicas.
La política de austeridad del Gobierno obedece al miedo que se ha instalado en el seno de la UE, en donde existe el temor de que aquellas naciones que no adopten las medidas de austeridad que exige Alemania se enfrentarán irremediablemente a una crisis de deuda similar a la de Grecia. Sin embargo, lejos del objetivo que persigue el Gobierno, las cuentas para 2013 contribuyen a deprimir más la economía, a que se reduzcan los ingresos y que desaparezca, al menos en parte, la pretendida reducción del déficit. No es el momento de la austeridad. No en vano, su efecto en las comunidades autónomas y las administraciones locales es una caída brusca de la inversión en infraestructuras, lo que ha supuesto retrasar o cancelar proyectos, demorar mantenimientos, etcétera. Y perder miles de empleos directos e indirectos. Justo lo contrario de lo que necesitamos y que pasa por recuperar todo lo que se ha pospuesto o cancelado en los últimos años.
Los márgenes de maniobra se acortan y, como dice Paul Krugman, “cada mes que pasamos en esta depresión inflinge un daño aún mayor a nuestra sociedad, un perjuicio que no solo debemos medir en el sufrimiento actual sino también con la degradación del futuro”.