EFE | Las Palmas de Gran Canaria

Las consejerías de Educación y Empleo del Gobierno canario han suscrito hoy con los sindicatos, empresarios y entidades educativas el nuevo plan de formación profesional 2013-2016, que pretende dar respuesta a las necesidades formativas del nuevo modelo productivo que se persigue para las islas.

Así lo ha afirmado hoy el consejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez, quien ha expresado, sin embargo, su preocupación por el cambio normativo que supone la aprobación por parte del Gobierno central de la Formación Profesional Dual, porque las fórmulas que introduce pueden ser “lesivas” para su gestión.

El real decreto que regula las bases de la Formación Profesional Dual ha sido recurrido por Cataluña, según ha tenido conocimiento hoy Pérez, quien ha indicado que el Gobierno canario estudiará si “lesiona” competencias autonómicas y su normativa.

Según la consejera de Empleo, Margarita Ramos, el real decreto introduce una “regulación sorprendente”, porque señala que cuando el contrato para la formación se desarrolla con corporaciones locales, escuelas taller o talleres de empleo no se cotiza por desempleo ni se tiene derecho a la prestación por desempleo.

La consejera ha apuntado que tiene “serias dudas de inconstitucionalidad”, en el sentido de que el sistema de Seguridad Social admita contratos de trabajo con esta diferencia de tratamiento en relación con la protección de la Seguridad Social y la cotización al sistema de la Seguridad Social.

El consejero de Educación además ha señalado que la nueva normativa del Ministerio es una “fórmula híbrida” entre el modelo alemán y realidades de otros países que se aplican a España “con muchos inconvenientes y problemas”.

En concreto, señala dos cuestiones “muy difíciles de superar”, porque para muchos de los estudiantes que opten por formación dentro del sistema educativa no se les exige contrato por las empresas, por lo que no tendrán una contraprestación económica y, por lo tanto, su trabajo no será reconocido en contrato.

Los que opten a la formación vía empleo, tendrán contrato laboral, pero no existe requisito que les asegure una titulación.

Pérez ha señalado también se diferencian dos tipos de personas a formar en función del ámbito de actuación de las empresas, de manera que si solo está radicada en una comunidad, la gestión, evaluación y titulación del alumno dependerá de la autonomía, pero si abarca más de una será del ministerio correspondiente.

Como éste no tiene estructura para evaluar y titular a estos estudiantes, lo encomendará a las comunidades autónomas, y el coste podrá recaer sobre ésta, ha añadido.

No obstante, el nuevo plan de formación profesional se aplica en el curso 2012-2013 y ha permitido que el número de alumnos que han optado por la formación supere por primera vez en Canarias a los que cursan Bachillerato, ha subrayado Pérez.

El consejero además ha señalado que el plan se ha diseñado después de más de un año de trabajo y estudiando la situación de cada uno de las islas, por lo que permitirá atender “todas las necesidades formativas” en Canarias, donde la formación de los desempleados es especialmente baja.

El 84,5 por ciento de los jóvenes menores de 25 años ha alcanzado como máximo la Educación Secundaria, porcentaje que se eleva hasta el 93,5 por ciento para la población de más de 45 años.

En cuanto a la dotación económica del nuevo plan, tendrá una vía de financiación ordinaria, sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada consejería que intervenga, y otra extraordinaria que se intentará obtener del Estado y de la Unión Europea.