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Los grupos reconocen que el veto carece de “efectividad práctica”

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Manuel Fajardo, portavoz socialista. | JAVIER GANIVET

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Todos coinciden con el presidente del Parlamento canario, Antonio Castro, en que la fórmula del veto territorial carece de “efectividad práctica”, más allá de su “valor simbólico”. Sin embargo, y a dos semanas de que se voten los presupuestos autonómicos, los portavoces de los cuatro grupos muestran sus reticencias sobre la “opinión” expresada el martes por Castro (CC).

Quizá en un intento de no caldear aún más el ambiente en sus propias filas, donde han surgido sendas amenazas de bloqueo desde Tenerife y El Hierro, los partidos gubernamentales han optado por enfriar el debate.

Aunque la supresión de ese instrumento requiere una reforma del Estatuto de autonomía, Antonio Castro hablaba de introducir algún elemento “clarificador” en el sentido de persuadir a sus señorías o, al menos, dificultar una operación cuya única utilidad es retrasar la votación.
Consultado por este periódico, el portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Barragán, respondió, desde el respeto al criterio personal de su compañero de partido, que ese planteamiento no está sobre la mesa. “No estamos ni a favor ni en contra [de adaptar el derecho de bloqueo]”, resaltó. “Simplemente, es un asunto que no se ha tratado”. No obstante, fuentes de CC admiten que la mera posibilidad, “por muy legítima que sea”, constituye una espada de Damocles. Como aspecto positivo, destacan que obliga a “profundizar en la negociación” con las representaciones insulares de las distintas organizaciones políticas.

Desde la bancada socialista, el portavoz, Manuel Fajardo, rechaza incorporarle “una mayor trascendencia jurídica”. A su entender, eso conllevaría el riesgo de que un proyecto tan importante como el de los presupuestos fuera aprobado fuera del plazo. “En ese caso”, advirtió, “la Comunidad Autónoma sería intervenida y vendrían los hombres de negro”. De cualquier modo, puntualizó, “la modificación deberá acordarse en la Comisión de Reglamento”.

Al PP le llama la atención que, precisamente en las actuales circunstancias, “alguien” de CC esté “pensando” en cambiar las reglas del juego. “Que [Castro] diga lo que quiere exactamente”, manifiesta la portavoz del grupo, Australia Navarro.

En nombre de Nueva Canarias (grupo mixto), Román Rodríguez prioriza la “democratización” del sistema electoral. “Eso sí que es urgente”, apostilla.

[apunte]La supresión requiere reformar el Estatuto
El artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que el Parlamento dictará su reglamento, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta de sus miembros. En él se determinará “el régimen de sesiones, la formación de grupos parlamentarios y el funcionamiento de la Diputación Permanente, así como cuantas otras cuestiones afecten a los procedimientos legislativos y de control político”.

El 12.4. recoge que los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, a excepción de los casos en que en este propio Estatuto se establezca otro sistema de mayorías”. No obstante, “cuando al menos los dos tercios de los diputados representantes de una isla se opusieran en el pleno a la adopción de un acuerdo por considerarlo perjudicial para ella, el asunto se pospondrá a la sesión siguiente”.[/apunte]