M. F. | Santa Cruz de Tenerife
El Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias ha estimado en parte la reclamación presentada por un contribuyente al que la Agencia Tributaria le hizo mal su declaración y al que tendrá que devolverle unos 6.700 euros. El caso ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, hace unos años y ha sido llevado por la asociación Davide para la defensa del contribuyente, que en los últimos años se dedica a resolver cuestiones relacionadas con los abusos de la administración tributaria.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando este contribuyente decidió acudir a la Agencia Tributaria para que le hicieran la declaración de la renta y así ahorrarse el dinero de la gestoría. La sorpresa vino cuando el funcionario, una vez cotejados todos los datos, le dice que la declaración le sale a pagar. G.M.R., iniciales del contribuyente afectado, se queda de piedra puesto que, según declara, varios amigos y conocidos le habían dicho que podría acogerse a una gran deducción por haber adquirido su actual vivienda tras vender la antigua, a lo que el funcionario le contesta que “no es su caso”.
Según narra la asociación Davide en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el contribuyente decide consultar con ellos, y “nada más ver la declaración, observamos que se ha hecho mal y que, en lugar de a pagar, le sale a devolver”. En este caso, Davide decide recurrir ante la Administración tributaria para que corrijan la situación de G.M.R. y le devuelvan su dinero. Sin embargo, la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) dice que ellos no están en condiciones de certificar lo reclamado porque las declaraciones por el programa PADRE se realizan a través de una plataforma “ajena e independiente” a ellos, y donde lo “único” que hacen es prestar un servicio al contribuyente para facilitar el cumplimiento de las declaraciones.
En definitiva, dice el presidente de la asociación, José Alfonso, “no asumen ninguna responsabilidad”. Por otra parte, en la carta que la Agencia envió a este contribuyente, Hacienda explica que en las instrucciones dadas a los funcionarios que realizan la declaración se les indica que deben “advertir” a los contribuyentes que han de comprobar que en la declaración figuran todos los datos de sus ingresos, gastos y deducciones.
Tras la contestación de la AEAT, el 13 de julio de 2009 se presentó una reclamación económico-administrativa y, posteriormente los días 18 y 24 de marzo, se iniciaron sendas reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo regional contra las resoluciones anteriores hasta que finalmente, hace unos meses, el Tribunal estimó la reclamación de G.M.R.