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Interminables corrupción y justicia – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Es evidente que no somos sospechosos de simpatía -ni de simple tolerancia- con la dictadura castrocomunista cubana. Una cruel dictadura violadora sistemática de todos los derechos humanos, que ha llevado a su pueblo a la miseria y la prostitución con la coartada del embargo norteamericano. Un embargo que, no obstante, hace posible la llegada masiva a la isla de ingentes cantidades de divisas que el exilio cubano envía a sus allegados del interior y que permiten paliar en alguna medida su lamentable situación. A pesar de ello, los castristas nos acaban de dar un ejemplo de funcionamiento rápido y operativo de la justicia, aunque su justicia tenga un fundamento injusto e inaceptable. Un ejemplo que las democracias deberíamos imitar. Porque en demasiadas ocasiones identificamos la democracia con la ausencia de rigor penal; con la sobreprotección de los delincuentes, que lleva a su impunidad; con la conversión de las cárceles en pensiones de las que se entra y se sale continuamente; y, en resumen, con la indefensión de los ciudadanos que cumplen la Ley.

El español Ángel Carromero, vicepresidente de Nuevas Generaciones en Madrid, viajó a Cuba con el objetivo político de entrevistarse con la disidencia cubana del interior y hacerle entrega de una ayuda económica. Allí coincidió con el sueco Jens Aron Modig, que preside la Liga Juvenil del Partido Demócrata Cristiano de Suecia, y que había viajado a la isla con el mismo propósito. En particular, sus contactos eran Osvaldo Payá, dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación, de orientación cristiano demócrata, y su colaborador Harold Cepero. Pues bien, viajando los cuatro en automóvil fuera de La Habana y conduciendo Carromero, sufrieron un accidente con el resultado lamentable de la muerte de los dos cubanos. Ofelia Acevedo, viuda de Payá, ha declarado que no acepta la explicación que sobre el caso ha dado el Gobierno castrista, y variados sectores de la disidencia han expresado su sospecha de que el accidente fue provocado por la inteligencia cubana, que así consiguió eliminar a dos importantes y significativos opositores, y, al mismo tiempo, involucrar a dos extranjeros ideológicamente hostiles. Es una versión creíble de lo sucedido. En contra de ella se pueden aducir los antecedentes de conducción irregular de Carromero, que no es la primera vez que se encuentra implicado en un accidente de tráfico.

Sea como fuere, lo cierto es que, mientras al político sueco se le permitía regresar a su país, el español fue detenido y, en muy pocas semanas, juzgado y condenado a cuatro años de cárcel por dos homicidios imprudentes. Dada su vinculación al Partido Popular, el Gobierno se ha apresurado a activar el Convenio hispano cubano sobre ejecución de sentencias penales de 23 de julio de 1998, y se dispone a repatriar a Carromero para que cumpla su condena en España. Un cumplimiento que, a buen seguro, le permitirá en breve alcanzar el tercer grado y utilizar la cárcel solo para ir a dormir de lunes a viernes, con los fines de semana libres. Porque el artículo 12.1 del convenio establece que: “El cumplimiento de la condena en el Estado de cumplimiento se ajustará a las leyes de ese Estado”. Carromero conducía con carné y sin haber ingerido alcohol. Un famoso, el bailaor de flamenco Farruquito, que conducía sin carné y se había saltado un semáforo en rojo al doble de la velocidad permitida en una zona urbana de Sevilla, atropelló y mató al joven Benjamín Olalla el 30 de septiembre de 2003. Tras el accidente, no se detuvo para auxiliar a la víctima y se dio a la fuga. Años más tarde, fue condenado a tres años de cárcel, aunque solo estuvo 14 meses en prisión. Más recientemente, otro famoso, el ex matador de toros y ganadero José Ortega Cano colisionó frontalmente contra el vehículo de Carlos Parra y provocó su muerte el 28 de mayo de 2011, en Castilblanco de los Arroyos, también en Sevilla, cuando supuestamente conducía a más velocidad de la permitida y se había saltado una línea continua. Un análisis de su sangre dio positivo de alcohol, pero sus abogados aducen que se rompió la cadena de su custodia, y solicitan la nulidad de la prueba y la absolución de Ortega Cano. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y el juicio comenzará el próximo día 12 de marzo, casi dos años después de los hechos. Todo muy típico español.

Lentitud intolerable, falta de rigor penal, incompetencia e ineficacia son detectables en estos casos de accidentes mortales de tráfico. Cuando llegan las leves condenas, si llegan, ya ni sirven para nada ni casi nos acordamos. Y en otro orden de cosas, por ejemplo, en el ámbito de la presunta corrupción, la situación no mejora. Desde Iñaki Urdangarin hasta Isabel Pantoja y Julián Muñoz; desde Jordi Pujol y Artur Mas a Pepiño Blanco, pasando por el asunto de Las Teresitas, los medios nos agobian con noticias sobre presuntas corrupciones. Pero el tiempo pasa, los procesos se eternizan, las instrucciones no terminan nunca, los imputados pasean por la calle, y la indefensa ciudadanía tiene que tragarse sus convicciones morales y aceptar que en este país la corrupción sale gratis. Porque es un país que confunde la democracia con la impunidad, un país de interminables corrupciones e interminable justicia.