EFE | Santiago

La justicia chilena ordenó hoy el arresto domiciliario y la prohibición absoluta de salir de Chile de una mujer que se hacía pasar por médico, que atendió a 25 personas que murieron, fue decana de una universidad y firmó, además, trece certificados de defunción.

Fuentes judiciales precisaron que el Noveno Juzgado de Garantía procesó a Tania González Correa por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público falsificado y dio un tiempo de 90 días máximo para la investigación.

Las mismas fuentes recordaron que la imputada, para la que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva, ejerció como directora de la carrera de Enfermería en la Universidad del Mar y como jefa del área de Salud de la sede del ayuntamiento santiaguino de Maipú de esa casa de estudio.

Su expareja, Héctor Letelier Pantoja, de profesión tecnólogo médico, ejercía como “médico” en el Hospital de Carabineros y que también daba clases en esa universidad, debía ser procesado este viernes, pero no se presentó a la audiencia esgrimiendo un cuadro de taquicardia.

La Fiscalía solicitó al tribunal orden de detención y arraigo preventivo (prohibición de salir del país) del imputado hasta que se fije una nueva fecha de vista judicial.

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Tania González Correa es profesora básica y consiguió el título de enfermera en la misma Universidad del Mar para trabajar en esta como directora de la carrera.

Posteriormente, el rector de la Universidad del Mar en la sede Maipú, Carlos Ossandón le habría solicitado un título de médico para que se hiciera cargo de la dirección de las carreras de salud.

Para ello, Letelier Pantoja, le consiguió en seis meses un falso título de médico obtenido supuestamente en la Universidad de Chile.

Asimismo, el Ministerio Público anunció que se investigará la muerte de 25 personas tratadas por la acusada, así como 13 certificados de defunción emitidos por ella.

La Universidad del Mar, sufrió el pasado 29 de octubre la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, tras cinco meses de análisis de los estados financieros y académicos, que ha dejado en la calle a 18.000 estudiantes.