JUSTICIA>

Jueces, fiscales y abogados se unen contra las reformas de Gallardón

[apunte]Galería de imágenes de la protesta. | JAVIER GANIVET[/apunte]

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

Hubo que esperar a que fueran las doce del mediodía del día 12 del mes 12 del año 12 para ver en el mismo acto de protesta a lo más granado de la magistratura tinerfeña acompañada con la plana mayor de la Fiscalía provincial junto a los máximos representantes de la abogacía en la Isla, que por cierto repetía tras su acto contra los recortes en el turno de oficio celebrado el pasado martes. Pero el responsable de la insólita estampa registrada ayer frente al Palacio de Justicia santacrucero no fue el azar numerológico sino el rechazo frontal que en todos los colectivos citados ha motivado las reformas impulsadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

En una escena que se reprodujo por toda España, magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales y funcionarios que optaron por adherirse al acto escucharon del decano de los jueces tinerfeños la lectura de un manifiesto suscrito por las asociaciones más representativas del sector judicial que resumía en ocho puntos una propuesta de giro radical a esta Administración que se contrapone a la del ministro.

Pero sin duda existe un factor que suma a grupo tan dispar: la ley de tasas, cuya elevada cuantía es entendida como un dislate cuyo remedio -confían- lo pondrá el Tribunal Constitucional.

[apunte]Un informe del CGPJ entiende la reforma del Código Penal como inconstitucional
La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles ha emitido un informe en el que considera inconstitucional la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fundamentalmente en lo que se refiere a la prisión permanente revisable.
También critica la nueva regulación de las medidas de seguridad por no establecer un límite máximo, y lo que “suscita mayores recelos es la custodia de seguridad”, regulada “como una medida privativa de libertad a cumplir” tras la pena de prisión, lo que también “resulta de una cuestionable inconstitucionalidad”.

Según el informe, “resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable” con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución. Recuerda en este sentido que “las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social” una vez cumplida la condena, “lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable”.

Según Robles, la Justicia “precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga que gravita sobre numerosos órganos judiciales”.[/apunte]