EFE | Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, consideró hoy que con los Presupuestos Generales del Estado para 2013 “se ha roto” la sanidad universal y supondrán “un duro golpe” para un territorio fragmentado como las islas, que se enfrentan a una reducción adicional de 3 millones de euros por la supresión del fondo de cohesión.
Así lo ha señalado la consejera en el Parlamento regional, donde informó sobre este asunto a petición del portavoz del grupo Mixto por Nueva Canarias, Román Rodríguez, para quien hay un proceso severo de deterioro de la sanidad y negarlo es “irresponsable”, por lo que pidió a Mendoza “que no dulcifique la realidad”.
Brígida Mendoza negó este último extremo y señaló que a su entender, la sanidad pública ya no tiene equidad ni es gratuita porque los presupuestos estatales acentúan la senda de los recortes y desaparecen los fondos para el plan de salud bucodental, inversiones en formación, para personal autonómico en los planes nacionales del sida y de promoción de la salud y enfermedades emergentes, entre otros.
El impacto de la reducción presupuestaria desde el punto de vista asistencial es realmente importante, dijo la consejera, quien apuntó que Canarias es la Comunidad Autónoma peor financiada para sufragar sus servicios públicos esenciales y además sufrirá “un duro golpe” por la eliminación de las subvenciones al transporte de mercancías y la subida en la tarifa eléctrica.
Román Rodríguez replicó que la financiación autonómica compromete la sanidad, la educación y el autogobierno en su conjunto “desde el primer día”, porque “desde el primer minuto nos colocó a la cola y de ese fallo garrafal son culpables todos, porque quienes tenían que defender los intereses de la Comunidad Autónoma no lo hicieron”.
Por ello, la sanidad está en crisis porque la política de recortes está liquidando unas de las conquistas sociales más importantes, y el resultado es que empeoran los diagnósticos, las listas de espera se retrasan “sine die” y se cierran las agendas para no aumentar la demanda, pero ésta “sigue estando ahí”, recriminó Rodríguez.
Afirmó también que la sociedad está perdiendo la confianza en la sanidad pública “y el que tiene perras se está haciendo seguros privados, cuyas pólizas han aumentado entre un 3 y un 4 por ciento”.
La diputada del grupo Popular y exconsejera de Sanidad Mercedes Roldós negó que haya recortes estatales, sino medidas urgentes de ahorro para las comunidades autónomas porque, añadió, el PP se encontró con un sistema nacional de salud al borde de la quiebra y con un agujero de 19.000 millones de euros.
Roldós preguntó a la consejera “¿cuánto ha ahorrado el Gobierno de Canarias en medicamentos y compras centralizadas?” y consideró que el Ejecutivo autonómico “está tardando” en acudir al Fondo de Liquidez Autonómica para 2013, lo que a su juicio hará “como siempre, tarde, mal y a rastras”.
Jesús Morera, diputado del grupo Socialista, afirmó que los presupuestos estatales son “una agresión a la sostenibilidad” del sistema sanitario y apuntó que en Canarias la calidad asistencial no se ha deteriorado en gran medida por la profesionalidad del personal del Servicio Canario de la Salud.
No obstante, Morera apuntó que sí se ha deteriorado la accesibilidad al sistema, porque han aumentado las listas de espera “y probablemente lo hagan más, y esto a medio plazo puede significar una caída en la calidad del sistema”.
“Hemos adelgazado demasiado e ir más allá puede causar problemas con un personal desmotivado y exhausto tras años sin inversiones”, aseveró el parlamentario.
María del Mar Julios, del grupo Nacionalista Canario y también exconsejera de Sanidad, dijo que el PP ha emprendido una estrategia de deterioro continuo del sistema sanitario para proceder a su desmantelamiento “por intereses ideológicos y económicos que no se pueden justificar por la crisis”.
“Es la forma más sutil de acabar con los servicios públicos: deteriorando la financiación autonómica. Una forma sutil pero brutal, ya que se está ahogando a las comunidades autónomas impidiendo que puedan dar servicios de calidad a los ciudadanos”, opinó Julios.