NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife (PATH) considera inaceptable que Bankia haya decidido saltarse unilateralmente el acuerdo verbal al que había llegado con el Ayuntamiento de Santa Cruz para conceder un alquiler social y dos daciones en pago tras la intervención del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Tanto es su convencimiento que ayer anunció que si fuera necesario acudirán a los tribunales para que cumpla lo pactado, acción que contó con el apoyo del concejal de IU-XTF, José Manuel Corrales, quien aseguró que testificará como testigo de dicho acuerdo. Tanto Corrales como el concejal de Ciudadanos por Santa Cruz, Guillermo Guigou, acompañaron ayer a la portavoz de la PATH, Inma Évora, en la rueda de prensa en la que defendieron que el Ayuntamiento debe denunciar a Bankia por incumplimiento de contrato. Ambos concejales además anunciaron que llevaran al próximo pleno municipal, esta petición.
Évora señaló que darán un tiempo prudencial, hasta el dos de enero, para recibir una respuesta. Mientras tanto continuarán acampados a las puertas tanto de Bankia como del BBVA, una quincena de personas.
RESPUESTA DEL BANCO
La entidad financiera salió al paso de las acusaciones asegurando que “el acuerdo alcanzado se basó en el compromiso de analizar y volver a estudiar los casos presentados para ver su encaje en la nueva legislación”. La portavoz de la entidad señaló que en el caso de Carmen Omaña se ha cumplido excrupulosamente lo acordado, “algo que no se puede decir de todas las partes en cuanto a los pagos comprometidos”. Respecto al caso de Alejandro Remiro, dice la entidad que “el pasado viernes se llegó a un acuerdo con él siendo totalmente falso que se haya iniciado algún tipo de proceso de desahucio contra él o que el ‘banco malo’ se vaya a quedar con su casa”. Bankia además añadió que las cifras aportadas por la Plataforma en este caso, “no son reales, son mucho menores” e insistió que se llegó a un acuerdo con Remero y su madre.
Mientras, desde el Ayuntamiento, el alcalde anunciaba que ha solicitado por escrito al BBVA y a Bankia que aplacen la fecha de ejecución de los desahucios a nueve vecinos del municipio. Respecto a la denuncia de la PATH, espera un nuevo acuerdo.