EFE | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado hoy prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración como parte de la “Operación Crucero”, que investiga supuestos delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales.

Según fuentes jurídicas, el juez ha dictado esta medida cautelar después de tomar declaración a Díaz Ferrán durante algo más de una hora y ahora el expresidente de la CEOE será conducido a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por otra causa, relacionada con un crédito de Caja Madrid a la aerolínea Air Comet.

Esta fianza se sitúa a la cabeza de las más altas fijadas en España a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999 dentro del caso Torras.

Tras la comparecencia de Díaz Ferrán y del supuesto testaferro Antonio García Escribano, que se ha negado a declarar, el juez Velasco ha comenzado a interrogar a su socio el empresario valenciano Ángel de Cabo.

Díaz Ferrán, De Cabo y otros siete colaboradores permanecen detenidos desde el lunes por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible y todos ellos tienen que declarar hoy ante el juez.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y Pascual.

Además de Díaz Ferrán y De Cabo, entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha del empresario valenciano en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez.