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El problema catalán> Por Román Rodríguez*

Las elecciones del 25N han establecido un nuevo escenario político en Cataluña. Destaca la elevada participación, once puntos más que en las de 2010, circunstancia muy relevante y positiva, que confirma el valor de la democracia – sin duda perfeccionable- a la hora de buscar soluciones a los problemas de los pueblos y de las naciones. Han configurado un Parlamento muy plural tras unos comicios en los que, junto al debate sobre el derecho a decidir, también estuvo muy presente la grave situación económica, los recortes en los servicios públicos y el desempleo, así como las recetas ante la crisis. Unos comicios cuyos resultados abren, asimismo, importantes incógnitas sobre la gobernabilidad.

Cataluña es, tras Andalucía, la Comunidad con mayor peso demográfico (16% de la población total del Estado), más de siete millones y medio de habitantes. Con un elevado desarrollo industrial es, además, la primera en número de turistas. Supone casi el 19% del PIB español. Y la mayoría de su ciudadanía tiene un contrastado sentimiento nacionalista.
Como se sabe estas elecciones fueron anticipadas por Artur Mas, animado por la masiva participación en la Diada del pasado 11 de septiembre, más de un millón de personas que expresaron su nítida defensa del derecho a decidir; así como condicionado por las dificultades de la situación económica y las insuficiencias financieras de la Comunidad.
La tensión territorial que vive Cataluña se ha incrementado en los últimos años, en buena parte por los graves errores de la derecha española: recogida de firmas contra el Estatut, campañas de boicot a los productos catalanes y recurso ante el Tribunal Constitucional de una reforma estatutaria aprobada por 120 votos a favor de los 135 diputados que integran la Cámara catalana, ratificada por las Cortes y por la ciudadanía catalana en referéndum.

El sustancial recorte en el Estatut ha generado una elevada frustración en amplios sectores sociales y, desde entonces, no ha hecho más que crecer el sentimiento soberanista en Cataluña. En las elecciones de este 25-N, 78 de los 135 diputados electos, un 60% de los escaños, los de CiU (50), ERC (21), ICV-EUiA (13) y CUP (3) avalan claramente el derecho a decidir; asimismo, el PSC apoya la reforma de la Constitución y que se pueda celebrar una consulta, aunque su propuesta es claramente federalista.

Detonantes de la actual situación han sido la negativa del Estado a debatir el sistema de financiación de Cataluña, la injusta distribución del déficit entre el Estado y las autonomías, a las que el Gobierno del PP demoniza injustamente, culpándolas de la deuda y el déficit; así como el establecimiento de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que presta dinero a las CCAA pero que trata de intervenirlas dificultando su autogobierno.
Si analizamos los datos municipio a municipio, el partido de Artur Mas gana en el 94% de ellos (incluido Barcelona) y la ERC de Junquera queda segunda en el 80%. Pero cierto es que Mas no consiguió su nada disimulado propósito de que la mayoría soberanista se aglutinara esencialmente en torno a CiU, para la que solicitó el suficiente apoyo como para disponer de mayoría absoluta. En ello pudieron intervenir varias razones.

El mandato de las urnas obliga a CiU a plantear una consulta sobre el status de Cataluña. Algo difícil de articular en el actual marco legal. Pero no imposible

Por un lado, el hecho de que el electorado no votó exclusivamente en clave nacional. También lo hizo en clave social; y CiU es responsable directa de los significativos recortes que están afectando a los servicios públicos en Cataluña, que han encontrado una importante oposición social, y que le distinguen poco de los ‘otros’ conservadores del PP.
De hecho, en estas elecciones el conjunto de las formaciones de izquierda sube un 46% respecto a 2010, 500.000 papeletas más, frente al 11% de crecimiento de las formaciones conservadoras. Un crecimiento de la izquierda que no beneficia al PSC-PSOE (que pierde 50.000 sufragios y cosecha su peor resultado histórico), pero sí a ICV-EUiA, CUP y, especialmente, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la gran vencedora de la jornada electoral, al pasar de 10 a 21 escaños, duplicar ampliamente sus votos y situarse como segunda fuerza política, desplazando a los socialistas.

Pero, asimismo, influyó un segundo argumento: que el electorado también premió a los que siempre han defendido el soberanismo sin cortapisas, el de siempre frente a los recién llegados, situación que también beneficia a ERC frente a CiU que nunca, hasta ahora, había concurrido con un programa claramente soberanista.

Respecto al voto unionista o ‘españolista’, el gran beneficiado fue Ciutadans, que triplica escaños, al pasar de 3 a 9, y, en mucha menor medida, el PP, que mejora en uno su anterior resultado, pasando de 18 a 19, pero que no llega ni al 13% de los sufragios pese a la polarización nacionalismo/estatalismo de estos comicios. Favorecidos ambos, al igual que ERC, por el notable incremento de la participación.

A CiU, fuerza más votada con diferencia en un Parlament bastante fragmentado, le corresponde la responsabilidad de tratar de formar gobierno. No va a resultarle sencillo. Ya ERC ha señalado que exige que se le ponga fecha al referéndum de autodeterminación (proponen septiembre de 2013), señalando también que ni formará parte del Ejecutivo ni está dispuesta a apoyar las medidas de recortes sociales de los nacionalistas conservadores. En este último tema CiU y PP coinciden plenamente, pero les separan sus dos nacionalismos divergentes. Otra opción, asimismo muy complicada, sería un entendimiento entre las dos fuerzas que más retroceden: CiU y el PSC-PSOE.

El mandato de las urnas obliga a CiU a plantearse esa consulta sobre el status de Cataluña. Algo difícil de articular en el actual marco legal. Pero no imposible. La Constitución puede ser modificada, ya lo hicieron por la vía de urgencia para imponer los sagrados dogmas de la deuda y el déficit. Además, existen precedentes en otros estados democráticos, como en el Reino Unido que someterá a referéndum el estatus de Escocia en 2014, Canadá o el grave problema entre flamencos y valones en Bélgica.

La resolución del enfrentamiento Cataluña-Estado precisa de mucha democracia, diálogo e inteligencia. Lo que parece no ha sobrado en el último período. El neocentralismo que el PP ha impulsado desde su llegada al Gobierno no parece contribuir mucho a un clima adecuado en el que se busquen fórmulas que puedan satisfacer a ambas partes.

En vez de culminar el desarrollo autonómico avanzando hacia un Estado más federal, buscando fórmulas de financiación más sostenibles, reconociendo el pluralismo del Estado español…el PP ha optado por un discurso antiautonomista radical que le puede dar réditos electorales en el resto del Estado pero que complica mucho el encaje de Cataluña, Euskadi… y de forma bien diferente también de Canarias, a quien castiga en los PGE, no respeta su REF ni a sus instituciones. Los errores del PP están contribuyendo a que al grave problema económico y social de España se añada la ruptura del delicado equilibrio político territorial.