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Los alumnos ya agreden menos a los profesores que sus padres

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Anpe presentó ayer la memoria anual del servicio del Defensor del Profesor. / ACFI PRESS

SARAY ENCINOSO | Santa Cruz de Tenerife

La conflictividad en las aulas ya es un problema, pero los docentes creen que la crisis amenaza con darle más protagonismo. Durante el curso pasado al menos 11 profesores fueron agredidos físicamente en algún colegio o instituto de Canarias. Además, por primera vez los padres llevaron a cabo más actos violentos -6- que los estudiantes. En total, hasta 104 docentes sufrieron algún tipo de maltrato. Se trata de una cifra ligeramente inferior a la del curso anterior. Estos datos se desprenden de la memoria que el sindicato Anpe presentó ayer sobre los casos que ha atendido su servicio del Defensor del Profesor.

Pedro Crespo, el presidente de Anpe a nivel regional, reconoció que el número de casos no es excesivo, pero insistió en la gravedad de cada uno de ellos. El sindicato creó este servicio hace siete años. Desde entonces han esperado a que sea la Consejería de Educación la que lidere esta iniciativa y haga suyo el proyecto. En este tiempo han prestado asesoramiento jurídico y psicológico a muchos profesionales que han llamado a sus puertas buscando ayuda. Otros, recuerda Crespo, ni siquiera se atreven a acercarse a sus dependencias. Este grupo de representantes de los profesores puso en marcha este gabinete para ayudar a los docentes, pero también para reivindicar algo que consideran fundamental: la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesor. “La ley regula a nivel nacional la autoridad docente, pero en la práctica eso no ocurre porque son las comunidades las que tienen luego que regular”. De momento, Madrid, Valencia, Cataluña y La Rioja han desarrollado la norma, y Cantabria y Aragón están en ello. Si Canarias optara por la misma vía las agresiones a docentes se considerarían delitos y no faltas. Si no, la realidad será que “hoy pegarle a un profesor cueste 100 euros”.

La ausencia de consenso hace que en las Islas este tipo de violencia tenga distinta consideración en función del juzgado en el que acabe. Hay casos -el más reciente en Las Palmas de Gran Canaria- donde el juez ha considerado que la agresión es equiparable a un delito y que no puede quedarse en una simple falta. El problema es que no todos piensan lo mismo y eso genera un clima de incertidumbre.

En la presentación del informe estuvo también la vicepresidenta de Anpe a nivel nacional, Carmen Guaita, quien presentó los datos por detallados de una encuesta sobre el efecto que los recortes están teniendo sobre la enseñanza. La principal conclusión del cuestionario es que el colectivo está muy preocupado por el futuro de sus alumnos y por el descrédito que está sufriendo la figura del profesor. Ambas cuestiones preocupan más al sector que la merma de salarios u otros efectos de la crisis. Estas conclusiones son muy relevantes si se tiene en cuenta que desde 2010 la educación pública en toda España cuenta con 6.300 millones menos. Igualmente, hay que tener presente que está a punto de aprobarse una nueva reforma educativa sin consenso.

La última reunión entre el ministro José Ignacio Wert y los representantes de las comunidades autónomas fue este lunes y no trajo nada bueno. “El anteproyecto de esta reforma nos advierte de algo: la educación pública no será una prioridad y, por tanto, no se garantizará la igualdad de oportunidades”, sentenció Gaita.

PROBLEMAS PARA DAR CLASE
La Memoria también refleja que el 92 por ciento de los docentes atendidos manifiesta que el problema por el que ha acudido a este servicio le afecta de manera muy significativa a la hora de dar clase.

En cuanto a los conflictos relacionados con los alumnos, el 5 por ciento de los casos atendidos fue por agresiones de alumnos a profesores; el 31 por ciento por insultos, el 25 por ciento por faltas de respeto, el 4 por ciento por acoso, el 8 por ciento por amenazas, el 1 por ciento por daños causados a propiedades o pertenencias, y el 9 por ciento por conductas agresivas entre alumnos.

Y respecto a los problemas relacionados con los padres, en ‘El Defensor del Profesor’ también ha habido casos por agresiones de padres o familiares (6%), acoso (4%), amenazas de padres (3%), denuncias (4%), enfrentamientos de padres (3%), insultos (5%), falsas acusaciones de padres/alumnos (7%) y por presiones para modificar las notas (2%).

En este sentido, en la Memoria se observa un incremento de los problemas relacionados con los padres respecto al curso anterior, pues la ausencia de normas de conducta y el exceso de permisividad se traduce en un creciente debilitamiento de la autoridad familiar.

La consecuencia directa la sufren los niños y adolescentes, produciendo efectos muy negativos en sus actitudes y comportamiento en la escuela, efectos que también sufren los profesores en las aulas.

Respecto a la atención psicológica de los docentes usuarios del servicio, un 17 por ciento presentaba cuadros de ansiedad, un 13 por ciento depresión, un 15 por ciento fue obligado a coger baja médica y 55 por ciento no presentaba problemas de este tipo.

Todo ello, según ANPE Canarias, deja patente la necesidad de la consideración del profesorado como Autoridad Pública, de ahí que desde ANPE manifiesten que esta situación se vería aliviada con una aplicación eficaz del Decreto de Convivencia y la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesor.