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Propuestas, protestas y problemas – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Todo indica que el día 27, el Parlamento de Canarias va a poder sacar adelante unos presupuestos para 2013 raquíticos y débiles pero pactados y bien pactados entre los dos socios del Gobierno autonómico, CC y PSC. Han tenido que producirse algunas protestas ciudadanas, en forma de concentraciones, manifestaciones y encierros, para que las autoridades rectificaran algunas partidas y se comprometieran a considerar unas cuantas enmiendas -por importe de unos 35 millones de euros- para contentar (relativamente) al personal investigador, al de los parques nacionales, al de los futuros hospitales del norte y de Tenerife y al profesorado y alumnos de la Escuela de Actores, además de acoger algunas reclamaciones de La Gomera y El Hierro y otras sobre atención a universidades y escuelas infantiles. Con estos añadidos, olvidados porque la alta política suele dejar en segundo término a los más débiles, poco o nada se va a poder hacer para paliar al menos los dos principales retos de nuestra comunidad autónoma: combatir el imparable aumento del desempleo y la extensión progresiva de las necesidades económicas entre los menos favorecidos. Los recortes, los ajustes, las austeridades condicionan todo el panorama, el nacional y el de cada comunidad, y una de dos: o nos atenemos a ellos, o mandamos al país al limbo de la intervención y el peor de los futuros.

UNA INICIATIVA OLVIDADA

En abril de este mismo año, el Consejo Asesor del presidente Rivero anunció un pacto por la economía, el empleo y la cohesión social, abierto a todas las instituciones y a los partidos políticos. El propio presidente declaró, al anunciar la iniciativa, que “es el momento de arrimar el hombro y trabajar conjuntamente”, dada la difícil situación económica y social. Ese mismo mes de abril, la Confederación Canaria de Empresarios remitió al jefe del Gobierno una carta en la que le hacía saber el rechazo frontal del empresariado a la subida de impuestos indirectos que preparaba el Ejecutivo autonómico como respuesta al desproporcionado recorte presupuestario dispuesto por el Estado. Al mismo tiempo recordaba los cuatro años de “incertidumbre y pesimismo en la que estamos instalados” y la falta de coraje para acometer las reformas estructurales pendientes en el sector público, principalmente el adelgazamiento de una “Administración sobredimensionada” para ajustarla a los tiempos que vivimos. Incomprensiblemente, no se ha vuelto a hablar del tema, por más que el alcalde lagunero y secretario general insular de CC, Fernando Clavijo, lanzara una propuesta de corte similar y rango insular, a modo de pacto por Tenerife. La respuesta en este caso fue rápida y favorable, tanto del PSC como del PP, lo mismo que la de distintos agentes sociales, pero desde principios de noviembre no se ha avanzado nada en la concreción de objetivos y actuaciones. Una lástima porque hacen falta iniciativas de esta naturaleza. Las reclama la sociedad y con ellas seguro que la clase política recuperaría protagonismo y credibilidad, que buena falta hace. Seguimos pues donde estábamos, con proyectos teóricos y promesas, entre otras, de reducción de altos cargos para enero, pero sin las complementarias medidas drásticas y de calado sobre empleo, empresas públicas y fundaciones. Y acerca de la madeja burocrática que impide la agilización de inversiones en el Archipiélago y el drástico recorte de las trabas administrativas por las que ha de pasar cualquier proyecto, además de los planes generales y especiales y cuantos asuntos se someten a la competencia de la Cotmac.

PARALIZACIONES Y POBREZA

La paralización de algunos planes de obras es de tal gravedad que se da el caso de atascos administrativos de hasta 15 años y más, por culpa de la propia Administración. Esta burocracia desmedida e injustificable -que ha llegado, en el caso de los hermanos Domínguez, a retrasar hasta 22 años la aprobación de la puesta en marcha de un hipermercado en Las Palmas- sigue siendo un obstáculo tremendo para cualquier inversor que quiera establecerse en Canarias. Bien está que se exija el riguroso cumplimiento de la ley en todos sus términos, pero ¿a qué vine tanta demora, tanto marear la perdiz y obstaculizar la necesaria diligencia exigible a una Administración moderna y eficiente? No me explico cómo no se exigen responsabilidades a quienes actúan con tanta parsimonia y no hacen sino poner trabas al desarrollo de iniciativas empresariales legítimas y generadoras de empleo y riqueza.

Junto a esta realidad, que pesa como una losa sobre el buen nombre de Canarias, no me explico cómo no se ha insistido en la necesidad de ese pacto al que antes aludía. Un pacto en el que tendría cabida un plan específico contra la pobreza y la exclusión social a fin de acudir en ayuda de los más débiles de la sociedad en estos momentos de crisis y penurias. Me parece una cuestión de la máxima prioridad si no queremos que se produzca una explosión social o una revuelta de impredecibles resultados. No son solo los desahucios o la falta de trabajo; mucha gente pasa hambre y no tiene ni para comer. Y las organizaciones no gubernamentales, los grupos sociales organizados, empresarios y particulares, muchas personas de bien se están volcando con quienes quieren mantenerse en pie y no perder la esperanza. Pero no dan abasto, de ahí la conveniencia de que el Gobierno eche una mano y empuje más y más.

Otras cuestiones pendientes son la siempre aplazada reforma de la estructura jurídico-administrativa de la comunidad autónoma -desde el Gobierno a los ayuntamientos, pasando por los cabildos-, la falta de incentivos para animar la I+D+ i y mejorar la educación y la sanidad públicas, el preocupante crecimiento de la deuda canaria -más de 4.000 millones en apenas cuatro años, lo que llevará a la comunidad autónoma a acercarse a los seis mil millones al concluir el presente ejercicio- y la parálisis que sufren la obra pública y, en parte, la rehabilitación hotelera. Siguen asimismo pendientes otras materias clave tal que la reforma educativa para limitar el fracaso escolar y el relanzamiento de la formación profesional, el diseño de una nueva política energética que dé realce y valor a las renovables, paralizadas tras años perdidos a cuenta de los escándalos eólicos, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida y las negociaciones con Madrid y Bruselas sobre la revisión del REF. Este último punto tiene también una importancia capital para el futuro económico y el desarrollo de Canarias.

LA CLAVE ES EL REF

El propio REF, más algunos de sus instrumentos fiscales, como la ZEC y la RIC, precisan de una puesta al día una vez examinado su comportamiento desde el año 1994. Los incentivos fiscales no han respondido a las expectativas que despertaron y, aunque su contribución al progreso y desarrollo de Canarias resulta indiscutible, los problemas estructurales de las Islas y la necesidad de acomodar la revisión del REF a los procesos económicos emergentes y a las políticas comunitarias sobre las regiones ulraperiféricas de la Unión aconsejan preparar un ordenamiento jurídico capaz de satisfacer mejor las necesidades. Y para poder recuperar un histórico diferencial fiscal que se ha ido a pique, lenta pero decididamente, por la negligencia de unos y el pasotismo de otros. La complejidad jurídica de la propia revisión, la filosofía de la UE tendente a unificar legislaciones y las presiones de algunos países con regiones atrasadas para incluir estas en nuevos incentivos o proyectos de ayudas harán del REF canario un texto sometido a un difícil proceso de reforma. Si no se acierta en su redacción final, Canarias sufrirá las consecuencias, que podrían ser gravísimas. No se olvide que del régimen fiscal dependen, además de la ZEC y la RIC, la financiación de las corporaciones locales, el IGIC, el AIEM, el REA, las zonas francas, los incentivos para la inversión privada y hasta la inversión del Estado en las Islas, que nunca, desde 1994, se ha cumplido por ninguno de los gobiernos. De todo ello se infiere la conveniencia de establecer un consenso a nivel autonómico, que en principio ya se dio en el Parlamento, sobre lo que se desea reformar y cómo hacerlo, y después otro entre Madrid y Canarias para fijar una postura común ante Bruselas. Con este endiablado y preocupante panorama regional, por fortuna despejado para nuestros principales puertos y aeropuertos al ser incluidos en la Red Transeuropea de Transportes, hemos llegado a las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Más que nunca, en estas fechas entrañables se hace precisa la unidad de acción y la comunión de objetivos por parte de todos, instituciones, partidos, organizaciones sociales y económicas y ciudadanos. Para la mejor defensa de los intereses canarios más apremiantes y compartidos por la sociedad. Por encima todo.