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Un protocolo obliga a la Guardia Civil desde 2005 a informar sobre las pateras

Patrullera Cabaleiro
La patrullera Cabaleiro de la Guardia Civil en Puerto Naos a la espera de la investigación. / EFE

J. L. CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Aunque la urgencia de la situación obligaba a la intervención, los agentes de la patrullera de la Guardia Civil que chocó contra la patera en Lanzarote se han convertido en el epicentro de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife. Este ha pedido un informe pericial sobre el suceso, que costó la vida a una persona y provocó que otras siete continúen todavía hoy desaparecidas.

Como publicó este periódico ayer, los agentes no informaron a Capitanía Marítima de Las Palmas sobre la intervención hasta varias horas después de que ocurriera el siniestro. De hecho, según confirmaron al DIARIO desde Capitanía, Salvamento Marítimo solo fue requerido una vez se comunicó la alerta sobre el naufragio y las personas desaparecidas.

En este sentido, fuentes de Salvamento señalaron ayer que desde 2005 existe un protocolo de coordinación entre la entidad de Fomento y la Benemérita, que fija el obligado aviso a los centros de Salvamento Marítimo para que desplacen una salvamar y “hacer el rescate correspondiente con una embarcación adecuada para ello”. Algo que no cumplía la patrullera Cabaleiro, que además estaba estropeada, como afirmó la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento.

Según apuntaron distintas fuentes, en la referida patrullera, de 30 metros de eslora y casi dos metros de altura desde la borda hasta el agua, iban solamente cuatro guardias a bordo, cuando tenían que ir seis, según fuentes del Servicio Marítimo del Instituto Armado. Por todo ello, además de la investigación judicial en curso, la propia Guardia Civil ha decidido elaborar un informe interno, para determinar si pudo haber algún tipo de irregularidad en el rescate. Algo que también reclamaron ayer unos 50 inmigrantes marroquíes, que se concentraron ante la sede de la Delegación del Gobierno en Lanzarote.