VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
Beatriz es licenciada en Ciencias del Mar y trabaja en la Viceconsejería de Medio Ambiente. Ella es uno de los 2.350 empleados públicos a quienes el Gobierno canario les rebaja a partir de enero un 20% el sueldo y la jornada debido a los recortes presupuestarios por la crisis. A otros 950 que trabajan menos de 25 horas semanales la reducción será del 10%. En total, el Ejecutivo quiere ahorrar con 3.300 trabajadores 20 millones de euros. O eso, o despidos. No les han dejado otra alternativa.
“Creemos que es ilegal recortarnos solo a nosotros y la reducción de horas también se traducirá en un peor servicio al ciudadano”, advierte Beatriz.
El colectivo afectado por este tijeretazo es, concretamente, el personal laboral, el indefinido por sentencia judicial o resolución administrativa y los funcionarios interinos. Sobre ellos recae todo el peso de este ahorro para las arcas públicas, y no repartido entre los 61.000 empleados de la Administración autonómica, lo que hubiera hecho que el bajón salarial fuera solo del 1% en cada nómina. “Hemos perdido un 40% de poder adquisitivo en los últimos cuatro años, si se tiene en cuenta la supresión de la paga extra (7%) y la no actualización del IPC”, se lamenta Jaime, otro afectado.
Tan “discriminatoria e ilegal” ven la medida que, a través de los sindicatos, recurrirán por vía judicial la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Se quejan de que ni la viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez; ni el director general de Función Pública, Aarón Afonso, ni el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola (todos ellos del PSOE) han aceptado que el ahorro no salga del capítulo de personal, sino de otros gastos, como los de estudios a empresas externas. “¿Por qué consejeros, altos cargos y asesores no se bajan el sueldo en igual proporción?”, se pregunta, indignado, Ricardo, que muy pronto verá su nómina diezmada. Al principio la minoración era lineal para los 3.400 afectados, pero el Gobierno accedió a dejarla en un 10% para quienes menos ganan, como los auxiliares de comedor escolar. Algunos perciben 550 euros, así que ahora se les quedará en 495.
Y lo peor, avisan, es que “el Gobierno ha recortado sueldo y jornada sin tener en cuenta la carga de trabajo de cada departamento, por lo que en enero puede haber un desbarajuste en cada servicio”, señala Jaime. Hasta el jueves, en el pleno parlamentario definitivo, les quedan la pitada, el grito y la pancarta en la calle. Luego, los tribunales.
Movilizaciones hasta el final
La plataforma de empleados públicos afectados por el recorte de un 20% y un 10% de su sueldo ha realizado ya concentraciones ante el Parlamento canario. En una de ellas, al no haber sido comunicada con antelación a la Subdelegación del Gobierno, les valió a seis participantes tener que identificarse ante la Policía Nacional. Esta semana habrá nuevas protestas, una recogida de firmas y, de ser posible, contactos con los grupos parlamentarios, en un último intento por hacer reconsiderar al Gobierno canario este sablazo salarial previsto en los presupuestos autonómicos de 2013. De no ser así -como es más que probable- será el turno a los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
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El Ejecutivo, claro: o sueldos o despidos
Fuentes de la Dirección General de Función Pública reiteran que “se ha priorizado en todo momento el que no haya despidos, y que se mantenga el empleo público”. La viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez, y el director general de Función Pública, Aarón Afonso, explicaron la pasada semana en una nota que la reducción del capítulo de personal “está motivada por el recorte de 450 millones en las partidas para las Islas adoptado por el Gobierno español” y destacaron que las medidas diseñadas por el Ejecutivo regional “evitan aplicar despidos masivos de empleados públicos”. “El Gobierno canario”, en palabras de la viceconsejera, “mantiene esta prioridad, consciente de la influencia que tiene sobre la calidad de los servicios públicos el capital humano”.
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