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Reforma constitucional – Leopoldo Fernández

Si algo ha quedado claro tras la celebración del 6 de diciembre, es que no se dan las condiciones necesarias para echar a andar, en estos momentos, la reforma de la Constitución de 1978. Todos los partidos políticos, y por extensión las agrupaciones sociales intermedias y buena parte de la ciudadanía -así lo recoge la última encuesta del CIS-, coinciden sin embargo en la necesidad de revisar la Carta Magna a los 34 años de su vigencia. Durante este tiempo, España ha disfrutado del más largo periodo de paz y prosperidad e su historia, superando las tradicionales convulsiones y contiendas civiles que crucifican su transcurrir. Pero las circunstancias han cambiado, y de manera drástica. Los partidos están sumidos en una crisis de identidad, credibilidad y representatividad verdaderamente preocupante. El sistema electoral se ha quedado obsoleto y se muestra incapaz de sintonizar los intereses de la ciudadanía con los propósitos de los elegibles. Varios territorios del Estado, Canarias entre ellos, se sienten incómodos y limitados en algunas de sus aspiraciones. La misma norma suprema que regula nuestra convivencia en libertad se ve superada por cuestiones sobrevenidas, tal que la pertenencia española a una entidad supranacional como es la Unión Europea, lo que condiciona buena parte de la política propia. Lo mismo sucede con la figura del Senado, mera cámara de segunda lectura y en absoluto representante genuino de los intereses de las comunidades autónomas. Por no citar otras perversiones legales como la incapacidad de la mujer para poder reinar o la inexistencia, en el texto constitucional, de los nombres de las comunidades autónomas a los efectos de su reconocimiento pleno. Con estas y otras necesidades objetivas pendientes, la Constitución de 1978 reclama más que un retoque superficial, aunque su estructura básica debería permanecer como reflejo del espíritu de consenso y concordia que, en embarazosas circunstancias históricas, llevó al país a ser ejemplo de unidad y superación de las dificultades surgidas tras una cruenta guerra civil y una dictadura de 40 años. Se trata de un desafío y como tal, todos estamos llamados a colaborar para que la ley de leyes, por encima de adversidades económicas, dificultades políticas y diferencias territoriales, siga sirviendo al país en su senda de cohesión, progreso y democracia. Lo mismo hoy, desde su plena vigencia, como mañana, cuando proceda revisarla tras los previos y obligados consensos básicos que estimulen la serenidad, la distensión y la buena voluntad para el acuerdo.