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La reforma electoral no es una “prioridad”

PLENO PARLAMENTO DE CANARIAS
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, en su escaño durante un pleno del Parlamento. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La reforma de la ley electoral canaria tampoco saldrá adelante en esta legislatura. Si bien existe una coincidencia mayoritaria sobre la conveniencia de una revisión de la normativa vigente, solo Nueva Canarias (NC) lo ve una prioridad. Los portavoces de CC, PP y PSOE en el Parlamento regional han transmitido a este periódico que ahora hay asuntos “más importantes”. Eso sí, en un gesto de cortesía, están dispuestos a escuchar.

El diputado Román Rodríguez ha enviado una carta a todos ellos en la que ofrece un debate sobre “este imprescindible cambio”, tras recordar que Nueva Canarias incluyó en su programa electoral para los comicios autonómicos de mayo de 2011 el “compromiso de defender la reforma del sistema electoral”. Esa posición fue refrendada, efectivamente, en la sesión de investidura, celebrada en junio de ese año. “Les hemos dado un plazo para que reflexionen”, dijo Rodríguez la semana pasada. “Si no hay respuesta, tomaremos la iniciativa y, si perdemos, se van a quedar retratados”.

En la bancada nacionalista, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha respondido a la pregunta de DIARIO DE AVISOS con un escueto: “No está en la agenda”. Además, sería un proceso ligado a la modificación del Estatuto de autonomía. “Nosotros no rehuimos ningún debate ni creemos que haya temas tabúes en la política de Canarias”, recalca Manuel Fajardo (PSOE). “Por mera deferencia, nos sentaremos con Román Rodríguez y con NC cuando ellos estimen oportuno. Pero es cierto que hay otras cuestiones más perentorias para la sociedad. Eso no quita que se pueda hablar de la reforma del sistema electoral. De hecho, en la legislatura anterior presentamos una proposición de ley de modificación. Mantenemos esa línea”.

El presidente del grupo popular, Asier Antona, expone que esa demanda no está hoy en el sentir de la mayoría de los ciudadanos de las Islas. “De lo que tenemos que discutir en el Parlamento para no seguir separándonos más de los ciudadanos es sobre lo que verdaderamente les preocupa, que es ver cómo mejoramos la educación, la sanidad, las políticas de empleo… Evidentemente, el Partido Popular está abierto a perfeccionar el modelo electoral. Pero quede claro que nadie nos para por la calle para decirnos que sería más feliz”. De cualquier modo, el PP opina que la triple paridad ha garantizado los equilibrios. Desde fuera de la Cámara, el coordinador regional de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, ha mandado una misiva al secretario general del PSOE canario y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, en la que apela a la coherencia para que promueva la rebaja de las barreras electorales. Su propuesta consiste en reducir al 3% el límite regional (actualmente está en el 6%) e insular (ahora, en el 30%). “Esta ley ha provocado que, en las últimas elecciones, el 17% del Parlamento esté usurpando la soberanía”, arguye Trujillo.

Hace dos años, CC y el PP desbarataron el último intento. La proposición de ley del PSOE -ideada por Santiago Pérez- no logró el requisito de tres quintos de la Cámara, a escasos meses de los comicios de mayo de 2011, tras su toma en consideración por unanimidad el 7 de octubre de 2010. Si bien el régimen electoral no estaría incluido en el Estatuto (un giro en la postura de los socialistas canarios), el pacto alcanzado en Madrid entre CC y el PSOE para salvar los presupuestos generales del Estado establecía que los procedimientos se harían “en paralelo”. Entonces, se apalabró impulsar la reforma del Estatuto, bloqueada en 2007 en las Cortes. El PP no cerró ninguna puerta, aunque veía “muy difícil” aceptar lo del único tope del 5% en cada circunscripción insular, en vez del 30%. Mientras, CC argumentaba que la proposición de ley del PSOE no era un “reflejo de la realidad de Canarias”. A su juicio, era “apresurada” y “solo” buscaba “obtener réditos políticos”.

DE FORMA “SERENA”

Los nacionalistas sostenían que una reforma electoral debería ser negociada “de forma serena” entre todas las fuerzas políticas. Entretanto, el parlamentario socialista Francisco Hernández Spínola hablaba por aquellas fechas de lo que calificaba de una “máxima prioridad política”. Con esa propuesta de “democratización”, el grupo mayoritario pretendía que la barrera electoral a la Cámara se equiparara a la de las locales.Conscientes de que las reglas del juego “convenían a los intereses de Coalición Canaria y del Partido Popular”, en el PSOE esperaban poca colaboración de sus adversarios. “Han manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de que no están por la labor”, se quejaba el actualmente consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Las diferencias eran insalvables: CC se resistía a suprimir el peaje regional y el PP reclama que se primara la proporcionalidad. Sin embargo, el acuerdo escenificado por José Luis Rodríguez Zapatero y Paulino Rivero, el 18 de octubre en La Moncloa, alumbraba el entendimiento entre CC y el PSOE. A la ley sobre la demarcación de las denominadas “aguas canarias” se sumaba el apaño para desvincular el sistema electoral del Estatuto de autonomía, algo a lo que siempre se oponía el PSOE canario.

No cabe duda de que son otros tiempos.

 

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La carta de Román Rodríguez

Superado el primer año de legislatura, Román Rodríguez invita a los grupos parlamentarios popular, nacionalista y socialista a “un diálogo, sin propuestas previas que pudieran condicionarlo, para intentar que las fuerzas políticas canarias, desde el consenso y siendo sensibles a las demandas ciudadanas, seamos capaces de reformar nuestro actual sistema electoral para ganar en democracia, en pluralismo, en representatividad y en legitimidad democrática”.

En una carta, el presidente de Nueva Canarias y portavoz del grupo mixto expone: “Considerábamos ayer y consideramos hoy que nuestra Comunidad sufre un importante déficit democrático, que el sistema electoral es manifiestamente mejorable, que las actuales barreras de acceso -del 30% insular y del 5% archipelágico-, únicas en España y Europa, son profundamente antidemocráticas, que el voto no vale igual en las distintas islas”.

En el debate de investidura, escribe, tanto CC como PP mostraron su “voluntad de abordar esta posible reforma”. El 6 de noviembre, añade, fue registrado en este Parlamento un manifiesto por la reforma electoral, suscrito por más de 13.000 personas y 70 entidades de diversos ámbitos de la sociedad canaria, que solicita que los grupos parlamentarios “afronten la reforma política más transcendente que tiene pendiente Canarias”.

Desde su punto de vista, “las prioridades en el terreno económico y social no pueden hacer olvidar los problemas de una democracia que tiene debilidades en este momento y que debe perfeccionarse, haciéndose más transparente, facilitando la participación ciudadana y, asimismo, mejorando sus sistemas electorales”.

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