Ahora que, tras décadas de esfuerzo y privaciones, Canarias había consolidado un Centro Superior de Arte Dramático, autorizado como modelo docente y de gestión por la Consejería de Educación desde 1996, la desidia, el silencio administrativo y una calculada indiferencia de los políticos han puesto el futuro de los estudios teatrales superiores al borde de su extinción y en el disparadero de la desconcertada opinión pública.
Tras adeudar parte de la financiación comprometida para 2012, retenida en el silencio burocrático merced a (sin)razones que se nos ocultan, la meritoria progresión de la Escuela de Actores, con una estimable tasa de empleabilidad y dos sedes complementarias en Las Palmas de Gran Canaria y En Santa Cruz de Tenerife (racionalmente gestionadas con un modesto presupuesto), ve peligrar su continuidad como centro educativo de servicio público ante el pasmo y la incredulidad de alumnos, personal de administración y servicios y profesores, cuyos intentos de negociar un acuerdo económico sensato y sensible se han visto correspondidos por una opacidad indignante, por una indiferencia enojosa y por una incomprensible desatención por parte de Educación y de su titular, aquejado de un permanente estado de incomparecencia.
La deuda contraída y el inadecuado presupuesto concebido para el siguiente ejercicio (con devastadora reducción del 40%, frente al también cruel 8% que sufrirá el resto de centros educativos) han generado el encierro de alumnos y profesores en las instalaciones del centro, la suspensión de clases y numerosas intervenciones de reivindicación y protesta públicas ante la inclasificable postura de cerrazón y miopía de los gestores públicos.
La temible desaparición a que se ve abocada la Escuela de Actores lesiona uno de los derechos constitucionales de primer orden, la educación, priva de un servicio público y amputa la formación de un centenar de alumnos, acreedores de una enseñanza legítima en virtud de la superación de una prueba de acceso y del abono de una matrícula, procedimientos ambos convocados, regulados y confirmados por Educación, que ahora escurre el bulto.
Resulta paradójico que el mismo Gobierno autónomo, que sancionó la ejemplaridad de esta institución educativa con el otorgamiento de la Medalla de Oro de Canarias con motivo de su XXX aniversario en 2005, desdiga ahora de su existencia con esta inmisericorde restricción presupuestaria que asfixia ladinamente su sostenimiento. Resulta irónico el agravio comparativo entre la precedente administración educativa, de signo nacionalista, que apostó por la consolidación de los estudios de arte dramático, y la actual administración, cuya nefasta actuación para con la Escuela de Actores en nada honra la identidad progresista de sus siglas. Ahora que la oferta educativa de arte dramático había encontrado su lugar natural en el marco de las titulaciones artísticas superiores, en saludable colaboración con ambas universidades, está a punto de desaparecer una institución consolidada, señera e imprescindible.
Señores parlamentarios: si este sinsentido no se remedia, este Ejecutivo será recordado por la indolencia y por la tibieza con que permitió la desaparición de un centro educativo, infame mérito para lucirlo en el conjunto de España.