NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Las trabajadoras de la extinta cooperativa Mararía, responsable del servicio de atención domiciliaria hasta el pasado verano en Santa Cruz, continúan en su lucha no solo por cobrar lo que se les adeuda sino también por aclarar cuál va a ser su futuro laboral, del que entienden, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es parte importante. Ayer mantuvieron una nueva reunión con los representantes municipales, en esta ocasión con la concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, quien les confirmó que el Consistorio tiene la intención de sacar a concurso el servicio de atención domiciliaria el próximo mes de mayo. Un concurso en cuyo pliego de condiciones se incluirá una cláusula por la que la empresa que finalmente desarrolle el servicio deberá subrogar a las trabajadoras de Mararía.
Sin embargo, en esta misma reunión, la concejal reconoció a las trabajadoras, según explicó a DIARIO DE AVISOS Nora Cirez, trabajadora social de Mararía, que muchas de las empresas interesadas en prestar al servicio “ya han adelantado que de incluirse esa cláusula no se presentarán por lo que la probabilidad de que el concurso quede desierto es muy alta y entonces tendrían que modificarlo y sacarlo de nuevo”.
Según explicaron las trabajadoras, se da la situación de que, si una vez transcurridos seis meses de la interrupción del servicio, la empresa que finalmente se haga cargo del mismo, ya no tendrá la obligación legal de subrogar, de ahí el retraso en convocar el concurso. Cirez señaló que la edil de Asuntos Sociales justificó la demora en que era necesario seguir un protocolo determinado para lograr la financiación que requiere dicho servicio. Álvarez también les explicó que la voluntad del Ayuntamiento es recuperar el servicio porque para el IMAS es mucho más sencillo gestionar una sola empresa que las 11 que lo prestan en la actualidad tras la quiebra de la cooperativa el pasado verano.
DEUDA PENDIENTE
En cuanto al pago de las cantidades que se les adeudan a las 180 trabajadoras, el Ayuntamiento aún no ha dado respuesta a la comunicación de la Seguridad Social por la que se levanta el embargo de la nómina correspondiente al último mes trabajado.
El Ayuntamiento sigue a la espera de que le especifiquen qué mes deben pagar y garantizar así que serán las trabajadoras las que cobren el salario y no ninguna otra entidad con la que la cooperativa Mararía también mantiene deudas. Ayer se mantuvo una reunión con el director del IMAS y los servicios jurídicos para abordar este tema.