DAVID SANZ | Santa Cruz de La Palma
Era uno de los secretos mejor guardados del pacto de gobierno entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSC-PSOE) en Santa Cruz de La Palma, que pese a contemplar la alcaldía compartida entre los cabezas de lista de sendas formaciones políticas, no se conocía el momento en que se iba a producir el relevo. Este cambio no llegará en el meridiano del mandato, como era previsible, sino que Sergio Matos seguirá estando al frente del Gobierno local hasta diciembre de 2013, según han confirmado fuentes de toda solvencia.
Así las cosas, el mandato socialista será de dos años y medio, mientras que Juan José Cabrera (PP) cogerá el bastón de mando en el último tramo. Pese a que se especulaba con esta posibilidad, se daba por hecho que el reparto de poder fuera a partes iguales. Lo cierto es que pese a que el mandato será más breve para los populares, tradicionalmente se ha tenido por “más apetecible” políticamente esa última fase.
Sergio Matos fue elegido alcalde en junio de 2011, con los votos de su grupo y del PP, que fue la lista más votada en las últimas elecciones municipales. Pese a que Coalición Canaria (CC) intentó llegar a un acuerdo con los socialistas, estos decidieron formar gobierno con los populares. Un pacto que no es la primera vez que se produce en Santa Cruz de La Palma y que estuvo en consonancia con el resto de los acuerdos que se forjaron en los ayuntamientos palmeros, no así en el Gobierno de Canarias.
Pero el acuerdo firmado entre el PP y el PSOE ha sido un misterio. A diferencia de otros pactos que se produjeron en mandatos anteriores del mismo Ayuntamiento, los términos del acuerdo no trascendieron a la luz pública, más allá del hecho de que la alcaldía iba a ser compartida, una condición que se va a dar también en las localidades de Barlovento y Breña Alta, siempre y cuando cumplan las alianzas establecidas.
Coalición Canaria ha solicitado en pleno, en más de una ocasión, el contenido del pacto sin alcanzar éxito en la reclamación, mostrando su malestar por no hacer público un documento que, de alguna manera, afecta a la gestión del Ayuntamiento.