avisos políticos >

Un triste aniversario – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Hace varias semanas, el autoerigido en líder mesiánico independentista catalán, Artur Mas, se permitió afirmar que “ni tribunales, ni Constituciones, ni nada de lo que nos pongan por delante frenará el camino de la independencia de Cataluña”. Y añadió que nada hará frente a lo que él denomina la “fuerza de la democracia”. Unas declaraciones alarmantes e inadmisibles en democracia, porque fuera de la Constitución y la Ley, fuera del Estado de Derecho no hay democracia posible. Habrá populismo (en Canarias sabemos mucho de eso), habrá demagogia (algo sabemos en Canarias), habrá muchas cosas, aunque ninguna será democrática.
Pero es que, además, Cataluña y su Generalitat existen, Artur Mas es presidente en funciones de su Govern, y las elecciones autonómicas catalanas se han celebrado gracias a la Constitución y sus leyes de desarrollo, lo cual convierte el asunto en decididamente surrealista. Un Gobierno que se coloca por encima de la Constitución y de las leyes, gracias a las cuales es Gobierno, y que proclama su desprecio por ellas mientras que, sin embargo, sigue exigiendo obediencia a sus ciudadanos es un gravísimo peligro para la democracia. De hecho, ya se ha colocado fuera de ella. El falso dilema antidemocrático que plantea el independentismo catalán es que si para respetar la voluntad del pueblo catalán hay que pasar por encima de la Constitución, no hay más remedio que hacerlo. En democracia el dilema es justamente al revés: la única forma democrática de respetar la voluntad del pueblo catalán es respetando la Constitución y las leyes.

Es más que oportuno comentar estas cosas cuando se cumple otro aniversario del referéndum mediante el cual el pueblo español en su conjunto aprobó el proyecto de Constitución. Con motivo de este aniversario, y con la mesura que la crisis impone, se han programado los fastos institucionales de rigor y las celebraciones habituales, que incluyen actos académicos, conferencias y homenajes. En los medios de comunicación hemos podido -y podemos- oír o leer los acostumbrados y tópicos elogios provenientes de personajes públicos y privados. Y en todos ellos se nos recuerda insistentemente que fue una fecha decisiva en nuestra vida colectiva porque este país culminó así con éxito un modélico proceso de transición pacífica hacia la democracia, dotándose de una Constitución propia de un Estado social de Derecho, homologable con las Constituciones de los Estados de nuestro entorno y aún superior, en varios sentidos, a las de muchos de ellos. Eso se ajusta a la verdad de los hechos, por supuesto. La transición española hacia la democracia es cierto que fue modélica, y su comparación con otras transiciones, como las iberoamericanas, nos muestra suficientemente sus virtudes. Gracias a esa transición, España cuenta por vez primera en su historia con una Constitución que no es el fruto de la imposición de medio pueblo español sobre el otro medio, con una Constitución de consenso y no de ruptura que no sirve para que media España le hiele el corazón a la otra media. No obstante, creemos que hoy más que nunca debemos abandonar y superar los elogios al uso a nuestro texto constitucional, elogios retóricos y hueros las más de las veces, y llamar a las cosas por su nombre. Es necesario -sería bueno para nuestra buena salud democrática- reconocer que la Constitución está más que amenazada, que el fantasma de las dos Españas, recurrente en nuestra historia, no ha sido conjurado y que el corazón constitucional puede ser helado por cualquiera de sus dos enemigos. Es necesario -sería bueno para nuestra buena salud democrática- denunciar que los intentos judiciales y del Gobierno anterior de abrir una segunda transición no solo cuestionan la primera, sino que ponen en peligro lo que trabajosamente hemos construido en estos años, incluyendo la Constitución. Entre alabanzas y ditirambos, la Constitución se está incumpliendo flagrantemente. Baste un botón de muestra: dispone con expresa claridad que todos los españoles tenemos derecho a usar la lengua española. Para los millones de alumnos obligados coactivamente en Cataluña a no usarla en su educación esa disposición no deja de ser sino un sarcasmo. Y podríamos seguir poniendo ejemplos. En realidad, tantas celebraciones y aniversarios enmascaran nuestra mala conciencia. Porque es evidente que la Constitución se ha convertido en un -incómodo- papel mojado. Y cuando un ministro pretende que se cumpla el mandato constitucional sobre la lengua española, lo acusan de dividir a la sociedad. El Congreso de los Diputados ha suspendido sus tradicionales jornadas de puertas abiertas con la excusa de unas obras, pero, en realidad, en previsión de posibles incidentes. Porque nos hemos convertido en un pueblo cainita que no respeta ni a su Parlamento ni a sus representantes, que él mismo ha elegido. Porque no hemos superado la última guerra civil ni su resultado, ni queremos entender que esa guerra terminó como terminó y la historia no puede ser escrita de nuevo. Y porque, en definitiva, aceptamos la democracia siempre que ganen los nuestros, y si no, rompemos la baraja. En esas condiciones, un aniversario constitucional es un triste aniversario. Y una etapa más en la cuenta atrás del final de nuestra frágil -y falsa- democracia.