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La abogada del Govern alega que los fondos desviados no eran del Ejecutivo sino de dos órganos dependientes

EUROPA PRESS | Mallorca

La abogacía del Gobierno balear, personado como parte perjudicada en el caso Nóos, alegaba, de cara a solicitar una fianza civil de 3,4 millones de euros frente a los 8,2 reclamados por la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, que los fondos públicos de los que habría dispuesto ilegalmente el Instituto Nóos no eran de la Comunidad Autónoma sino de dos organismos dependientes de la misma: el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la Fundació Illesport.

Un argumento esgrimido por la abogada de la Comunidad Autónoma Mari Ángeles Berrocal al que el juez José Castro ha respondido mostrando su «sorpresa» por tratarse el Ibatur y el Illesport de dos organismos dependientes del Ejecutivo autonómico, y a través de los cuales fueron firmados dos convenios con Nóos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte (en 2005 y 2006), por los que el Ejecutivo balear abonó un total de 2,3 millones de euros.

«Se insiste en la sorpresa porque, hasta donde este proveyente [el juez] conoce y es de suponer que también debe conocer quien emite el informe», en referencia a la letrada Berrocal, «los fondos que manejan el Illesport y el Ibatur no son otros que los transferidos por el Govern balear», tal y como expone en el auto que ha dictado este miércoles para decretar una fianza civil de 8,2 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres.

Pese a la evidencia a la que hace ilusión el magistrado, Berrocal llegaba a afirmar textualmente en su escrito que los fondos que recibió Urdangarin «no son fondos de la Comunidad Autónoma balear, sino fondos del Illesport y del Ibatur», de forma que «a estos organismos o entidades correspondería, en su caso, el ejercicio de la acción de la responsabilidad civil derivada de delito».

ACTUACIÓN EN LAS PIEZAS SOBRE CALATRAVA Y OVER MARKETING

Cabe recordar que en el marco de la misma causa, el caso Palma Arena, si bien en la pieza separada que investiga la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por parte del Govern por el anteproyecto de un Palacio de la Ópera que nunca llegó a ser construido, Berrocal solicitó el archivo de las pesquisas a pesar de los indicios que hasta entonces habían sido recabados en el marco de estas pesquisas, en las que están imputados, entre otros, el propio artista valenciano y el expresidente del Govern Jaume Matas.

Por otro lado, dentro de otra pieza, la relativa al supuesto trato de favor hacia la empresa Over Marketing por parte del Govern y la financiación presuntamente ilegal del PP, la abogada de la Comunidad Autónoma renunció a solicitar una fianza civil a Maria Luisa Duran, exjefa de prensa de la exconsellera de Salud Aina Castillo -ambas imputadas, a pesar de que el Ministerio Público sí la había reclamado por un importe de 169.000 euros. La caución únicamente pedida por el fiscal fue finalmente acordada por el juez Castro.