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Una auditoría permitirá saber si el servicio de Aqualia es mejorable

   

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Dependencias de la empresa concesionaria del servicio de aguas, ubicadas junto a Playa Jardín. | MOISÉS PÉREZ

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

Coincidencia o no. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz realizará una auditoría externa a la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de aguas en el municipio al objeto de controlar su gestión, conocer si es mejorable y comprobar los costes de explotación, anunció ayer el concejal de Concesiones Administrativas, Lope Afonso (PP) durante el pleno municipal. Justamente, el grupo municipal socialista (PSC-PSOE) presentó una moción solicitando este estudio que fue rechazada porque “ya estaba iniciado el expediente”, aseguró el alcalde, Marcos Brito.

En función del importe del contrato, la auditoría se adjudicará de forma directa o se convocará a concurso público, indicó Afonso, y añadió que la idea es contratarla este año dado que es una de las “prioridades” del grupo de gobierno (CC-PP).

Sin embargo, para el autor de la iniciativa el socialista Guillermo Pérez Pastor, “la empresa debería realizar una auditoría cada año, para tener datos actualizados del servicio, siguiendo incluso la directiva de la Unión Europea en este sentido”.

La moción del PSC-PSOE era como consecuencia de la turbidez detectada el pasado mes debido a las intensas lluvias del día 24, que afectó a 8.000 vecinos del municipio quienes estuvieron casi 10 días sin poder consumir agua.

También Izquierda Unida Canaria (IUC) y Vecinos por el Puerto (VxP) presentaron una iniciativa conjunta en la misma línea mediante la cual requerían medidas para resarcir a los vecinos de La Vera; San Antonio; Las Dehesas; Taoro; y el entorno de la carretera de Las Arenas, que fue rechazada por CC-PP y apoyada por el PSOE. “Es una cuestión de voluntad y de justicia que se compense por el agua que se ha dejado de consumir durante esos días”, dijo Pérez Pastor.

Sin embargo, Marcos Brito recordó que “la rotura del canal no tuvo nada que ver con el servicio que se presta en la ciudad” y que éste no fue cortado sino que “se restringió el consumo a la ciudadanía”.

Este problema y la gestión de Aqualia centraron el debate en un pleno en el que Marcos Brito dejó claro que el pliego para la concesión del servicio, “que no se puede modificar y es contrario a los intereses del Ayuntamiento”, fue aprobado en abril de 1991 con un Gobierno socialista y ni siquiera contó con su apoyo, como miembro de la oposición. En cualquier caso, el regidor municipal prometió que si la auditoría “descubre cosas que no se saben, el Gobierno local las reclamará”.

En una sesión sin precedentes en los últimos años, dado que no superó las cuatro horas de duración, el “buen rollito” que hubo, según el concejal de Fiestas, Juan Carlos Marrero, se terminó cuando se debatió la propuesta de VxP e IUC para instar al Ayuntamiento a que adecúe el centro sociocultural San Felipe, en El Tejar, y a reglamentar su utilización por parte de asociaciones, grupos y ONG, entre otros colectivos, en función a unos criterios objetivos, públicos e igualitarios para todos los solicitantes.

CESIÓN DE LOCALES
La discusión tuvo al portavoz del PSOE, David Bernat, y a Marrero como protagonistas. Este último y Marcos Brito acusaron a los socialistas de ceder los locales “a dedo”, a quienes “creían que le iban a dar el voto en el futuro”, pese a que los inmuebles no contaban con las condiciones adecuadas para ser utilizados porque, entre otras cosas, no tenían luz, y a pesar de estar presentada la moción de censura contra la exalcaldesa Dolores Padrón.