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Colapso en Hacienda – Por Francisco Pomares

   

En un momento crítico, cuando se incorpora la gestión y cobro de nuevos impuestos, y cuando más falta hace disponer de liquidez, el Gobierno de Canarias se enfrenta al colapso absoluto de su propia Hacienda. Pero no sólo en lo que se refiere a la disminución creciente de los ingresos, algo ya más que sabido: también en su capacidad de gestión y seguimiento de los trámites administrativos.

En estos momentos, la Hacienda canaria tramita cerca de medio millón de expedientes, de los que 180.000 están atascados.
Entre esos, hay 8.500 que podrían caducar en pocos días. Los expedientes atascados y a punto de caducar son -precisamente- los que tramitaban los registros públicos merced a una encomienda realizada hace algunos años por el Gobierno, y que fue suspendida este ejercicio para ahorrar entre diez y doce millones que cobraban los registradores por su trabajo.

La cosa es que la medida -una más de las muchas medidas de ahorro decididas por el Gobierno en 2012- al final podría ahorrar bastante poco, y crear un pandemónium de mucho cuidado: después de suspender la encomienda a los registradores, y tras descubrir que la Administración Tributaria Canaria no estaba en condiciones de tramitar de todos los expedientes, el Gobierno decretó que los registradores continuaran tramitando los expedientes pendientes a 31 de diciembre, a pesar de habérseles suspendido la encomienda, en una asombrosa cacicada que fue rechazada por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendiendo el decreto. Ahora los servicios jurídicos de Canarias han recurrido ese auto, y mientras la Justicia vuelve a pronunciarse, el Gobierno intenta desplazar a un centenar de funcionarios de otras dependencias y departamentos para que se ocupen de los 8.500 expedientes a punto de caducar y se evite perder millones de euros.

En este asunto, como en otros tantos, el Gobierno ha demostrado tomar las decisiones con más precipitación que mesura: al final, la tendencia a hacer las cosas para dar titulares ha hecho que al Gobierno le haya salido un pan como unas tortas, y es posible que miles de personas físicas y de empresas se libren de pagar lo que deben, o lo que el Gobierno dice que deben, que no siempre es lo mismo.

Esta semana el Consejo decidirá el desplazamiento de los funcionarios de otras consejerías a Hacienda, pero parece inevitable que no se llegue a tiempo de evitar la caducidad de muchos expedientes.