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Corrupción – Por Leopoldo Fernández

   

La condena del alcalde de Valverde y diputado regional del PP, Agustín Padrón, y de su compañero de corporación José Miguel León, de AHI-CC, es el capítulo judicial más reciente de la corrupción en Canarias. Los dirigentes nacionalistas guardan un silencio significativo sobre el caso, en tanto los populares resaltan la actitud dimisionaria de su representante como si fuera poco menos que una heroicidad y un servicio a su pueblo. Y de eso, nada. La dimisión es pura filfa ya que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque recurrible, inhabilita a ambos políticos por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. No van a la cárcel porque carecen de antecedentes penales y las condenas no sobrepasan los dos años de prisión. Así y todo, los jueces declaran probado que, cuando menos, ambos facilitaron el “enriquecimiento indebido de un tercero” (el vendedor de un terreno para aparcamiento) y causaron un “daño patrimonial al erario municipal”, a causa de la “grave desproporción entre el precio real y el satisfecho” por el Ayuntamiento, que la arquitecta municipal había tasado en cinco veces menos. Lo más relevante de la sentencia es su ejemplaridad, ya que obliga a ambos políticos a pagar de su bolsillo una indemnización al ayuntamiento herreño de 71.820,94 euros cada uno, para resarcir a la corporación municipal por los daños económicos que sufrió tras efectuar el desembolso. Lástima que la sentencia llegue con 13 años de retraso -eso no es justicia- y que tanto PP como AHI-CC no actuaran en el momento de los hechos con la contundencia exigible. Todo atisbo de corrupción y de tejemaneje económico debe ser erradicado con la máxima celeridad y energía. Tan pronto se tenga noticia de alguna irregularidad con pase judicial, no habría que esperar al pronunciamiento de los tribunales; bastaría con la apertura de expediente, la suspensión cautelar de militancia y el abandono del cargo que se ostenta. Si el interesado se niega, se le pone en evidencia: o dimite o se va, en plan tránsfuga, al grupo mixto, y santas pascuas. Y si al final resulta inocente, se le rehabilita con todos los honores. Pero ya está bien de falta de escrúpulos y actuaciones sospechosas. O acaban los partidos con este cáncer o la democracia y la política seguirán perdiendo calidad y credibilidad. En Canarias están pendientes de sustanciación una veintena de casos de corrupción -algunos tan sonoros como Las Teresitas, Eólico, Faycán, Unión y Tindaya-, con un centenar largo de implicados y más de 500 millones de euros sometidos a investigación. Todo un endemismo despreciable y pestilente de nuestro paisaje político.