Deconstruyendo España – Por Jorge Bethencourt

Sigilosamente, el Gobierno de Rajoy está produciendo, con el BOE en las manos, una recentralización de poderes en el Estado. Cuando llegaron se encontraron el escenario de un país en quiebra, una banca pública desfondada y una deuda externa suicida. Se aplicaron a la tarea de sanear la hacienda pública por la vía de la presión fiscal sobre la economía a sabiendas de que se la cargarían. La devaluación fiscal ha sido lenta y dolorosa, ha mejorado algo la recaudación de tributos, ha hecho algo más competitivas las exportaciones españolas y más pobres a los ciudadanos.

Como abrirse un segundo frente resultaría suicida, el precio que pagaron por conseguir respaldo a esta vuelta de tuerca sobre los contribuyentes fue una oposición suave de los sindicatos públicos. “Lo hacemos para salvaros” les habrán dicho sotto voce. Porque se aumentaban los ingresos y se reducían las inversiones o se bajaban drásticamente los gastos de funcionamiento de las administraciones: léase personal. A pesar de todo, le metieron el diente al mercado laboral español y adoptaron algunos recortes sobre salarios públicos que puso de muy mala leche al personal. Situados en un contexto de equilibrio -ya nadie habla de un rescate- el Gobierno ha empezado a hincar el cuchillo en la mantequilla. Primero con la anunciada reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que va a situar a los ayuntamientos bajo la supervisión directa del Ministerio de Hacienda para controlar el equilibrio económico financiero de las haciendas locales. Después, con la continuidad del Fondo de Liquidez Autonómica, que obliga a las Comunidades que soliciten créditos del Estado a someterse, también, al escrutinio de sus presupuestos por los responsables de la Hacienda central. Y por último, con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que establecerá que un permiso concedido por una administración en cualquier lugar del Estado sea válido en cualquier parte del territorio nacional. Si se atreven a sacar una ley de pagos, por la que cualquier proveedor de las administraciones autonómicas o locales pueda reclamar el pago de sus deudas a Hacienda, que se las abonará, para ejecutarlas después a ayuntamientos o comunidades autónomas deudoras, se habrá cerrado la pinza.

Sin tocar ni una letra de la Constitución se habrá transformado un estado casi federal en una administración descentralizada pero con un fuerte control central de las haciendas locales. Todas estas medidas, consideradas conjuntamente, conforman una reforma formal del sistema autonómico para situarlo bajo la supervisión central. Dicho de otra manera, habrán cambiado España sin tocar el gran pacto constitucional. Luego vendrán otros que harán lo contrario. Pero ese el sino de un país que aborda los grandes cambios por la puerta de atrás, ahora que el Constitucional ha dicho que no es pecado.