La desaladora lleva 15 años en un “limbo jurídico”, según el PP

Sacyr valora la inversión en la desaladora en 30 millones. / DA

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Hasta el momento, y a la espera de que se conozca el resultado del expediente sancionador que se ha abierto a la concesionaria del servicio de agua de Santa Cruz, la ampliación y mejora de la desaladora de la ciudad es la única obra que Sacyr Vallehermoso, máxima accionista de Emmasa, ha admitido como parte de las inversiones pendientes con la capital. Una inversión que, además de los condicionantes de la propia empresa, se encuentra con el inconveniente de que en la actualidad la desaladora está en una suerte de “limbo jurídico” al no existir convenio o concesión administrativa en vigor entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria, en cuyo suelo se ubica la desaladora, situación que se alarga desde hace 15 años.

Así lo denunció el concejal del Partido Popular de Santa Cruz, Carlos Garcinuño, en el pleno extraordinario que se celebró sobre la gestión del agua, y en el que hizo referencia a un informe jurídico solicitado por la Autoridad Portuaria sobre la suscripción de un convenio con el Consistorio para la ocupación de bienes de dominio público por la planta desaladora. Este documento, fechado en noviembre pasado, detalla la conveniencia de regular la situación de la desaladora a través de un convenio entre administraciones o bien a través de una concesión administrativa sobre el dominio público portuario, fórmula ésta última recomendada por la asesoría jurídica.

Resulta clarificador la parte del informe que señala que, de regularse la situación mediante un convenio, el Ayuntamiento se expone a no poder ceder la gestión de la desaladora a Emmasa, tal y como ocurre en la actualidad. Detalla el documento, que define la situación de la infraestructura como “peculiar”, que la gestión de la misma y del servicio público por Emmasa, “condiciona la posibilidad de otorgar la concesión al Ayuntamiento ya que no sería posible la cesión inmediata del uso de la concesión a dicha sociedad”.

Esto supone que, para que la Autoridad Portuaria autorice la cesión del uso total de la concesión, el Consistorio deberá gestionar de forma directa el servicio al menos durante un año. Tal y como confirmó Garcinuño a este periódico, la propia Autoridad Portuaria ha pedido un contrainforme al no compartir los criterios jurídicos establecidos en él, para finalmente habar de una “fórmula consensuada” que de solución al vacío legal.

Mientras, Dámaso Arteaga, concejal delegado en Emmasa, señaló en el pleno extraordinario que el motivo por el que aún no se ha llegado a un acuerdo es porque la Autoridad Portuaria “quiere cobrar el 100% de la tasa de ocupación ya que en la actualidad sólo pagamos el 50%”.

INCUMPLIMIENTOS

Por otra parte, tal y como anunció el PP en el pleno, se ha personado por escrito en el expediente sancionador abierto a Sacyr por los presuntos incumplimientos del pliego de condiciones del contrato. A los ya denunciados sobre las subcontrataciones y la negativa a entregar documentación, el PP ha añadido el incumplimiento de tener suscrita permanentemente una póliza de seguro, con una cobertura mínima de tres millones de euros, por siniestro.

También ha solicitado por escrito información de los pagos en concepto de know how que se realizan desde la empresa y la justificación de la inversión de nueve millones de euros que Emmasa dice haber invertido en grandes reparaciones, algo que desde el PP cuestionan ante el porcentaje de mermas, por encima del 22%, y que suponen un coste de siete millones.