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Lavado de cara – Por Leopoldo Fernández

   

El Gobierno canario ha decidido suprimir tres viceconsejerías, seis direcciones generales y una gerencia. Con ello desaparece el 10% de los altos cargos del Gobierno de Canarias, más otro 10% de personal de confianza, todo lo cual supone un ahorro anual de 1,1 millón de euros en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social. Además, elimina 4 de sus 20 empresas públicas y abandona 6 de las 21 sociedades en las que la comunidad autónoma tiene participación minoritaria. Este es el resumen de los acuerdos gubernamentales adoptados el jueves, muy de agradecer sin duda, pero que suponen una nueva ocurrencia, una idea improvisada y sin estudio previo, una especie de lavado de cara del Ejecutivo. Como cuestión previa es preciso subrayar que la comunidad autónoma no tiene dinero suficiente para mantener el tamaño de su actual estructura político-administrativa. De ahí la necesidad de ajustar cargos, recortar o unir departamentos y poner orden en la casa común. Para buscar la dimensión adecuada y, a los menores costes, ser más eficientes y diligentes, que es la base de un buen proyecto reformista. Ese es el camino que, grosso modo, propuso recorrer hace tres años el entonces vicepresidente Soria y que Paulino Rivero calificó de “ocurrencia”.

Pero no se ha ido por esa vía; se ha optado por un nuevo parche, una solución light, sin clarificar competencias en los distintos niveles de la Administración (comunidad, cabildos y ayuntamientos) para evitar duplicidades, sedes innecesarias y gastos prescindibles. Da la impresión de que se ha tratado también de resolver situaciones y problemas personales más que de imponer soluciones basadas en la racionalidad, la coherencia y la perseverancia. Tampoco se ha consumado la esperada remodelación de caras del Gobierno, ni la fusión de consejerías; se ha preferido acudir a la supresión de diez áreas intermedias, y punto. ¿Dónde queda la reforma “a fondo” recogida en el programa de Gobierno que formalizaron CC y PSOE? ¿Dónde las orientaciones sugeridas por el grupo de expertos que, con el profesor Rivero Ceballos a la cabeza, postulan -mediante un cambio gradual y selectivo- una Administración moderna y eficiente que favorezca las capacidades de la comunidad autónoma en la mejor y más rápida gestión de sus atribuciones y recursos, además de poner orden en la selva jurídica que ha creado en estos años de autonomía? Aunque tampoco se ha hecho lo necesario para modificar hábitos y experiencias que condicionan la mejor y más transparente ejecutoria de nuestras instituciones, bienvenidos sean los cambios a condición de que se hagan más meditados, amplios y profundos.