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Miriam Cuerda – Por Luis Ortega

   

La vida de los más vulnerables, los niños, “se debe proteger con condenas firmes y duras, como en el resto de Europa y ello empieza por aprobar una medida anunciada hace varios meses”. Esto escribe Adoración Cano -madre de la niña Ana María Cano, víctima de José Franco, El Boca, en 1991- en la censura más fuerte y legítima recibida por Ruiz Gallardón desde que está al frente del ministerio de Justicia. La prisa para imponer las nuevas, abusivas y disuasivas, tasas judiciales, el óbolo del Registro Civil a los registradores de la propiedad, y otras normas y ocurrencias erráticas y sectarias, criticadas por jueces, secretarios judiciales, funcionarios, notarios, procuradores, abogados y ciudadanos, fue calma chicha ante un problema de máxima urgencia: la reforma del Código Penal para castigar delitos reprobables y de gran alarma social perpetrados contra menores. El brutal asesinato de Miriam Cuerda, de dieciséis meses, en Almería -cometido por Jonathan Moya, un delincuente habitual- cuyo cadáver fue localizado una semana después de su secuestro (el Día de los Santos Inocentes, precisamente) restituyó en el primer plano de la actualidad los casos de Ruth y José, muertos y reducidos a ceniza a manos de su propio padre, José Bretón, hace ahora quince meses; la sentencia sorprendente en el homicidio de la sevillana Marta del Castillo -que dejó ir de rositas a los encubridores- y el propio caso que afectó a esta madre airada al ver que, en apenas veinte años, el violador y homicida que se ensañó con su hija, estaba en libertad, sin signos de arrepentimiento y dispuesto a cometer, como se demostró, nuevas y bárbaras fechorías. “La desidia, dejadez, incoherencia de las leyes y la falta de responsabilidad hicieron posible la muerte de mi hija, y la misma actitud permite que estos asesinos, una vez cumplidas penas ridículas, sean dejados en la calle sin ningún tipo de control ni de garantía”. Con verdades como puños y críticas directas al ministro, que le disputa a Wert las peores calificaciones del gobierno, la carta circula por la Red y suscita numerosos apoyos entre los internautas que, desde distintas posiciones -y, aún reconociendo que la reinserción es el fin ético de las políticas penitenciarias en la democracia- comparten las dolorosas afirmaciones de la señora Cano. “No podemos, ni debemos, seguir permitiendo tan poca sensibilidad, falta de empatía y sentido de la responsabilidad y dejadez de sus funciones en los responsables políticos y que siempre hagan recaer todo el peso de sus errores en los más débiles e indefensos”.