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Reforma – Por Alfonso González Jerez

Con los ceses y nombramientos de la semana que acaba, el Gobierno autonómico ha cumplido (poco más o menos) con su objetivo de disminuir un 7% (¿era un 7%?) el número de altos cargos, directivos y asesores en su estructura. También es cierto que estas supresiones se deben sumar a las ya realizadas con motivo de la salida del PP del Ejecutivo regional en la pasada legislatura. Particularmente se me antoja un esfuerzo melancólico más deudor de la demanda visceral de eliminación de cargos públicos que del desarrollo de un criterio sólido de racionalidad político-administrativa. Satisfacer lo primero siempre será imposible y en cuanto a lo segundo es, precisamente, lo que exige mayor inteligencia estratégica y coraje político. Y no lo digo únicamente porque, tras esta remodelación, se produzcan situaciones tan estúpidas e injustificables como las del área de Cultura: la Viceconsejería ha visto reducido su rango a Dirección General, pero al mismo tiempo se conservan la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural y la Dirección General de Deportes, cuyas limitadas competencias y misérrimos presupuestos aconsejaban o, en todo caso, permitían la fusión en un solo departamento directivo. No fue así para evitar que se molestaran los hiperestésicos señores del PNC y eludir que el cielo se encapotara sobre Garachico.

La recesión económica debería ser un estímulo para una reforma de la administración autonómica que conllevara, al mismo tiempo, el cierre definitivo del edificio político e institucional del Archipiélago. En lugar de suprimir cargos como quien estalla granos se trata de redefinir la estructura operativa y competencial del Ejecutivo en relación con los gobiernos insulares de los cabildos y los gobiernos de los ayuntamientos, simplificando el mapa municipal, barriendo la hojarasca reglamentaria, anulando las superposiciones y cortocircuitos entre tres distintas administraciones. Por sí misma esta reforma estructural no supondrá un ahorro extraordinario para las arcas públicas: su impacto económico estará en el aumento de la eficacia y la eficiencia de las administraciones y en el desentumecimiento de la sociedad civil isleña. Pero es más fácil, mucho más fácil, suprimir una docena de cargos públicos o, como la oposición conservadora, tronar por una reforma auténtica que en ningún caso está dispuestas a explicitar y consensuar.