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Rosell defiende que actuó en respuesta a las quejas de los inmigrantes

   

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

La juez Victoria Rosell ha defendido hoy que su actuación en el asunto de la patera que naufragó en Lanzarote se ha ceñido solo a atender las quejas de los inmigrantes detenidos en el Centro Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria, cuyos derechos le corresponde tutelar.

Rosell, en declaraciones a Efe, ha informado de que estudiará en las próximas horas los recursos presentados contra los dos expedientes gubernativos que ella inició sobre este asunto y que desde la Fiscalía de Extranjería se considera que no debió incoar.

Fuentes del Misterio Público han explicado a Efe que, según la ley, a la juez de vigilancia le compete resolver quejas o peticiones de internos si no se garantizan sus derechos o no se aplica la normativa del CIE, mientras que Victoria Rosell, en este caso, actuó sin que hubiera una queja de los inmigrantes internados y además practicó diligencias que excedían de sus competencias.

La Fiscalía fundamenta uno de sus recursos en que Rosell ha practicado una diligencia de ofrecimiento de acciones por un supuesto hecho delictivo que solo puede efectuar el juez que conoce del hecho delictivo de la causa que se está investigando, en este caso, el titular del Juzgado de Arrecife.

El segundo recurso, según las fuentes, se debe a que Rosell ha practicado diligencias para tratar de averiguar la edad de un extranjero indocumentado que alega ser menor, lo que corresponde al Ministerio Fiscal.

Además, estos recursos cuentan con el aval del delegado del Fiscal General del Estado para Extranjería, han señalado las fuentes.

Rosell ha afirmado que, frente a lo que sostiene la Fiscalía en sus recursos, sí hubo queja de los internos, en concreto de los 14 internos en Gran Canaria, que además llegó a tal extremo que se pusieron en huelga de hambre. Según la juez, fueron esas protestas las que dieron origen a los dos expedientes.

“Todos” los inmigrantes se quejaron de su situación porque creían que les iban a devolver a Marruecos sin que les viera médico y sin que se investigara el siniestro, pues la patera naufragó al chocar contra ella la patrullera de la Guardia Civil que fue en su auxilio.

Así mismo, ha aclarado que ella no investiga este siniestro, pues lo que hizo fue resolver que les viera un médico, si estaban heridos, y se les pusiera un abogado, porque iban a ser devueltos sin que su situación se estudiara y sin que fueran vistos por un facultativo.

Para Rosell, es “llamativo” que el presunto menor no haya sido visto por la Fiscalía, que dice que es mayor, pues en las actuaciones no consta que el Ministerio Público haya acudido al CIE a hablar con ellos, ni que le hayan visto personalmente.

La magistrada ha subrayado también que con su actuación solo trata de defender los derechos de un presunto menor que está en el CIE y debe ingresar en el Centro de Atención de Menores (Came), mientras que la Fiscalía entiende que es mayor.

La juez ha dicho que, mientras esta persona siga interna en el CIE e insista en que no es mayor de edad, y como parte de las pruebas le dan la razón, tiene competencias para defenderle, situación que cambiaría si estuviera en el Came.

La jueza ha manifestado que no le preocupa que la Fiscalía diga que no tiene competencias, que “sí” las tiene, sino la situación de los inmigrantes del CIE, que ha descrito como “un poco kafkiana”.

Rosell también se sorprende de la “falta de respeto” por la institución del juez de vigilancia que demuestra la Fiscalía al calificarla en sus recursos de “figura retórica” y, sobre todo, hacia los inmigrantes que protestan por sus derechos.

También ha indicado que no hay precedentes en los juzgados de control de los CIE de recursos por parte de la Fiscalía a expedientes gubernativos, por lo que ha expresado de nuevo su sorpresa ante el comportamiento de la Fiscalía de Extranjería de Las Palmas.