Sin solución para realojar a las 18 personas de la antigua Celgán

El edificio, en el barrio santacrucero de Tío Pino, presenta riesgo de derrumbe. / FRAN PALLERO

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife es una ciudad, capital de provincia, que carece de una red pública de sustento para las personas más desfavorecidas. Sin minirresidencias, sin pisos tutelados o centros de día, el único recurso público con el que cuenta es con el Centro de Acogida Municipal, con el que hace frente a las necesidades de las más de 300 personas que, según el propio Consistorio reconoce, viven en las calles de la capital. Esa carencia es la que obliga a la gente que se queda sin ingresos, sin casa, sin apoyos, a acabar poblando lugares como la antigua fábrica de Celgán.

Esa falta de recursos públicos es también la que, una vez que los técnicos municipales han constatado que la que fuera factoría productora de yogures se cae y que hay que tirarla de manera inmediata, presenta el problema añadido de buscar recursos que no existen para realojar a las 18 personas que vieron en este inmueble la solución -mala como todas las que suponen vivir en una fábrica abandonada- a su necesidad más inmediata: disponer de un techo bajo el que cobijarse. Ya lo han dicho: el albergue no es una solución para ellos.

“Hemos perdido nuestros ingresos, posesiones, nuestro hogar, pero no van a obligarnos a vivir como ellos quieren que lo hagamos, nuestra libertad no nos la van a quitar”. Esto es lo que algunas de las personas que viven en el inmueble que va a ser demolido responden a la oferta que desde el Ayuntamiento santacrucero se les ha hecho llegar e incluso están dispuestos a acampar delante del Consistorio si fuera necesario, pero al albergue no piensan acudir.

Las causas que llevan a una persona a la indigencia son múltiples pero ninguna tan hiriente e inexplicable como la crisis económica, que saca a las personas del sistema a empujones y las abandona en manos de unas instituciones, locales, regionales o estatales, desbordadas. “Hasta hace poco, unos dos años, trabajaba como albañil en la construcción. No ganaba un gran sueldo, unos 1.400 euros, pero era suficiente para vivir bien, para comprarle ropa a mi hija y a mi mujer, un coche, pagar la casa, algún capricho”, explica Sergio Chávez, uno de los habitantes de la antigua fábrica Celgán.

Sergio cuenta su camino hasta el inmueble declarado en ruina por el Ayuntamiento, casi como una película de suspense, con indignación, algo de tristeza, pero también con mucho pundonor. “Empezaron los despidos, veías cómo quebraban las constructoras y entonces casi todos nos dimos cuenta de que la cosa iba a petar”. “Cuando aún teníamos trabajo empezamos a liquidar las deudas que podíamos hasta que llegó el despido”.

Cuenta Sergio que, aún pagando parte de lo que debía, no le dio tiempo de cancelarlo todo y dejó de cumplir cuando llegó el paro. Dos años cobrando la prestación, después los 400 euros y al final, la nada. Esa es la realidad que llevó a Sergio y a su mujer a vivir en una instalación que ahora se cae a pedazos y de la que también los echan sin ofrecerles un lugar en el que cobijarse: “Tengo una hija de 16 años que vive con sus abuelos y si me voy al albergue no puedo convivir con ella”, dice, “ahora entro y salgo y formo parte de su vida, en el albergue no puedo y además ellos mismos (Ayuntamiento) reconocen que está saturado, que hay personas durmiendo en el suelo, en los pasillos”. Ninguno de los que allí están tiene algún tipo de ingresos: se les acabaron hace meses y ahora tampoco parece que vayan a tener un techo bajo el que refugiarse. La fábrica será derribada de inmediato.

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Ayudas

Sergio y su mujer han aceptado la ayuda de alquiler que ofrece el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), 1.800 euros al año, el problema es que, “no sabemos cuándo nos la van a dar además de que para un alquiler normal de 300 euros, esa ayuda nos da para seis meses”. Aún así, lo aceptan porque “no estamos aquí por gusto”. Ni él ni los otras 17 personas. “Cada vez somos más, no hay donde meternos y por eso acabamos en la fábrica”, aseguran. Viviendas, prestaciones, ayuda a la reinserción, son algunas de las cosas que piden: “Llevo tres años esperando por una casa y ahora me tengo que apuntar otra vez porque caduca la lista” explica otro de los vecinos de la antigua fábrica. Se llama David y tiene 37 años, un hijo con el que no convive, y unos ingresos que dependen de lo que pueda vender en el rastro. Va y viene de la fábrica, sabe que es un lugar al que acudir cuando las cosas empeoran.

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