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Tildan de “inconstitucional” e “ilegal” restringir la atención a ‘sin papeles’

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

INMIGRANTES SANIDAD ATENCIÓN
Muchos ‘sin papeles’ aún desconocen sin podrán ser atendidos. / EFE

“La importancia de los intereses en juego -el derecho universal a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas-, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, como la propagación de enfermedades infectocontagiosas, poseen una importancia singular que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Así de explícito se mostró el pasado 17 de diciembre el Tribunal Constitucional, en un auto que permitía al País Vasco seguir facilitando la tarjeta sanitaria y atender a los sin papeles hasta que se pronuncie con una sentencia firme. El Alto Tribunal no entró en la cuestión de fondo, que es el conflicto de competencias, pero sí entendió que mantener la suspensión cautelar de la norma vasca, que extiende la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, supondría un “perjuicio irreparable” para esas personas además de un “peligro de salud pública”.

Bajo esa premisa, tanto expertos en Extranjería como organizaciones no gubernamentales se mostraron ayer muy críticos con la instrucción anunciada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias -pendiente de publicación en el BOC-, a partir de la cual los centros de salud y hospitales del Archipiélago atenderán a irregulares sin coberturas que estén empadronados desde hace más de un año y tengan ingresos inferiores a los 532 euros al mes. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (integrada en el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública) expusieron que resulta “llamativo” y a la vez “decepcionante” que el Ejecutivo haya tardado más de cuatro meses en dictar una resolución similar a la se puso en marcha en Galicia a finales de septiembre. “Para empezar, no resiste la comparación con el programa gallego, que ante el Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno de Rajoy considera necesario establecer los criterios por los que se dispensará la asistencia sanitaria en Galicia a aquellas personas que no reúnan la condición de asegurado o de beneficiario, un amplio colectivo de personas que por diferentes motivos no tienen asistencia sanitaria puntual por alguna de las vías de aseguramiento público existentes y pueden resultar afectadas. Es decir, no se limita a las personas extranjeras no reconocidas como residentes, como ocurre con el supuesto programa canario”, recalcaron desde la asociación.

UN AÑO DE ESPERA

En cuanto a los requisitos para la inclusión en el programa, mientras en Galicia es suficiente estar empadronado con una antigüedad igual o mayor a 183 días, en Canarias se exige que sea de 365 días o más. “Esta exigencia, en la práctica, supondrá que muchas personas extranjeras tendrán que esperar bastante más que un año para acceder a la sanidad pública, teniendo en cuenta además las dificultades que ya de por sí tienen para poder acceder al padrón municipal, al no contemplar otras opciones posibles para demostrar la residencia habitual”, reiteraron las mismas fuentes. En la misma línea se manifestó el abogado Roberto García Fernández, experto en Inmigración y Extranjería, quien aseguró al DIARIO que cualquier medida que limite la sanidad pública, universal y gratuita será “ilegal” y “anticonstitucional”.

“El auto del Constitucional es muy claro, y aunque es aplicable solo al caso vasco, la argumentación del tribunal despeja el camino a los recursos contra el decreto del Ministerio de Sanidad”, arguyó el letrado tinerfeño.

Una afirmación que comparten en Médicos del Mundo, quienes recordaron que las personas incluidas en el programa gallego tendrán acceso a las prestaciones de la cartera común básica y suplementaria de servicios del Sistema Nacional de Salud; es decir, será gratuito todo lo que comporta la asistencia hospitalaria en cuanto a diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, transporte sanitario urgente y asistencia ambulatoria, con copagos, como los nacionales, en lo que se refiere a medicamentos, ortoprótesis, dietoterapia y transporte sanitario no urgente. “En el programa canario no se contempla de esta forma, eliminándose el derecho a la prestación de farmacia ambulatoria (el paciente deberá abonar el 100% del precio del medicamento) y otros, contemplados en la cartera común y en la suplementaria”.

“Por tanto, la instrucción dictada por Sanidad no es para estar orgullosos, ni mucho menos, porque sólo se trata de una mera campaña de imagen de la consejera Brígida Mendoza”, concluyeron desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.

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El Ministerio espera una sentencia firme

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya avisó hace dos semanas de que no tendrá validez nacional la tarjeta o el documento sanitario que se les dé a los inmigrantes en situación irregular en el País Vasco para poder ser atendidos en el sistema sanitario. No obstante, según declararon fuentes del departamento que dirige Ana Mato, se respeta el auto emitido por el Tribunal Constitucional (TC), y se tomarán medidas una vez haya una sentencia firme que avale la “atención sanitaria universal” a este colectivo.

Los beneficiarios por el programa canario no superarán las 52.000 personas, cifra que el SCS ha extraído de los cruces de hasta 14 bases de datos empleadas para aplicar las directrices estatales derivadas del Real Decreto-Ley de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; y también del Real Decreto del 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario con cargo a fondos públicos.

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