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Transparencia frente a arbitrariedad – Por Francisco Muro de Iscar

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dicho que “la conducta de Bárcenas es incalificable” y aunque se la entiende, debería haber dicho lo contrario, es “perfectamente calificable”, y en el PP lo deberían haber sabido hace muchos años, incluso cuando su marido era el que mandaba allí. La falta de una ley de Transparencia y el desinterés interesado de los políticos, de todos, de los de cualquier partido, por el control de sus finanzas ha permitido y, facilitado que la corrupción campara a sus anchas por toda España y que los partidos tuvieran bula para cualquier chanchullo. Sólo ahora parece que la Justicia está actuando, aunque acuerdos como el del caso Pallerols hacen perder la escasa fe.

La mayor parte de los ciudadanos estamos desnudos ante Hacienda y, sin embargo, los partidos políticos, sus fundaciones, sus empresas públicas, sus empresas privadas, sus cuentas y sus prebendas están ocultas y blindadas. Sus delitos se olvidan tras un acuerdo con la Fiscalía, se esconden o se disimulan mendazmente. Un simple acuerdo entre el partido que gobierna y el principal de la oposición -lo ideal sería el compromiso firmado de todos- sería suficiente para acabar con esta delincuencia y poner a todos los corruptos en su sitio, la cárcel, y para apartar temporalmente a todos los imputados, hasta que haya una sentencia sobre su caso. Ninguna de estas posibilidades se la plantean nuestros gobernantes. Pero no es sólo en los dineros o en la corrupción. Tenemos una Administración opaca, unas instituciones, como los partidos o las fundaciones de los partidos, que funcionan con dinero público y cuyas cuentas son un misterio. Y un Tribunal de Cuentas que funciona peor que un mal juzgado porque tarda cinco o más años en auditar las cuentas de los partidos y su decisión no sirve para nada. Y tenemos decisiones como las del Consejo de Ministros que los gobernantes no se molestan ni en justificar. Las hay importantes para los ciudadanos y las hay escandalosas como los indultos, entre ellos los últimos a un conductor kamikaze y a un estafador inmobiliario. Frente a ello, una mujer en paro que compró alimentos para sus hijos por unos cientos de euros con una tarjeta que se encontró, puede ir a la cárcel, cinco años después del pequeño delito. Son decisiones arbitrarias en el peor sentido de la palabra. El Tribunal Supremo exige al Gobierno que razone justificadamente los motivos de los indultos. Gallardón anda muy ocupado últimamente en ofrecer primas a los secretarios judiciales que más tasas tramiten. En lugar de escuchar el clamor social y abrirse a un debate sobre las reformas de la Justicia, quiere convertir a los funcionarios judiciales en recaudadores de tributos. Lo llaman política, pero es arbitrariedad y ausencia de diálogo.