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Casas y bancos – Por Jorge Bethencourt

   

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la iniciativa popular sobre los desahucios. Y lo ha hecho, como se hacen las cosas en este país de pasiones, sobre la fresca tragedia de las últimas dos víctimas de la indecencia, un matrimonio de Mallorca que decidió acabar con sus vidas al recibir la notificación de que debían abandonar su vivienda.

Constituye un monumento a la incapacidad política que las leyes o los debates se construyan sobre la tragedia y no sobre la razón. Desde hace años y desde diferentes perspectivas ideológicas, diversos intelectuales europeos (desde Lafontaine a Revel) adelantaron la crisis de unos partidos políticos que no eran capaces de recoger las ambiciones y preocupaciones de la sociedad a la que supuestamente representan. Que los parlamentos debatan proposiciones de ley instadas por colectivos ciudadanos no es anómalo (está recogida la figura de la iniciativa popular) pero de alguna manera demuestra que algo no está funcionando en los canales naturales de la representación de la voluntad popular. Es un escándalo que la banca -que no es otra cosa que nuestros ahorros- se haya convertido en un jugador con las cartas marcadas. Cuando un banco corre un serio riesgo, los gobiernos, con el dinero de nuestros impuestos, toman siempre la decisión de auxiliarlos con créditos favorables, compra de activos o nacionalizaciones. Cuando un ciudadano o una empresa se aboca a una situación de penuria financiera, se hunde irremisiblemente sin ninguna ayuda.

Cuando las viviendas eran una inversión segura, cuyo valor se multiplicaba exponencialmente año tras año, los tenedores de nuestros dineros lo prestaban generosamente valorando los inmuebles al 120 por ciento de su valor de mercado, confiados en que la burbuja no explotaría nunca. Pero reventó. Ahora, los bancos no admiten que el valor de las viviendas sea el que fijaron en su día. La Ley Hipotecaria y el procedimiento de subastas se han convertido en una trampa que hace que los ciudadanos pierdan su vivienda y, encima, tengan que seguir pagando a los bancos la diferencia entre el valor de mercado y el de su crédito otrora inflado.

Seguramente es posible obligar a la banca a reconsiderar las cuotas de las hipotecas, alargando los plazos de pago y permitiendo a las familias pagar en condiciones diferentes sus deudas. Es lo que el gobierno ha dispuesto en otros sectores de la economía con grandes corporaciones, con sus deudas o con la propia banca. Que a estas alturas no se haya instado a los prestamistas a cambiar las reglas del juego demuestra claramente la poca sensibilidad de unos partidos políticos preocupados por su propio ombligo y sus juegos de salón. Veremos qué sale del Congreso pero apunten que nada bueno crece nunca en la improvisación y el oportunismo.

@JLBethencourt