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Las casas ilegales tienen solución

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El nuevo planeamiento del municipio abrirá la puerta a la regularización, con condiciones, de casi 3.000 inmuebles situados en suelo rústico
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El nuevo planeamiento del municipio abrirá la puerta a la regularización, con condiciones, de casi 3.000 inmuebles situados en suelo rústico

[apunte]Distintas viviendas localizadas en suelo rústico del municipio de La Laguna,pendientes de su regularización. | DA[/apunte]

J. F. J. | La Laguna

Casi 3.000 inmuebles levantados en suelo rústico de La Laguna son susceptibles de ser regularizados por el nuevo Plan General de Ordenación del municipio, que se halla a punto de ser aprobado en su fase inicial. En el camino se han quedado otras 4.600 edificaciones, que por sus características lo van a tener muy complicado para optar a la legalización.

Los redactores del documento han establecido una serie de condiciones para llevar a cabo esta primera criba. Entre ellas, que las viviendas hayan sido construidas antes de abril de 2003; que no posean expediente disciplinario alguno; y que su estado de conservación sea el adecuado.
En cualquier caso, la última palabra la tienen los propietarios de estos inmuebles, en cuyas manos dejará la Gerencia de Urbanismo la tramitación la definitiva legalización de sus edificaciones.

Esta es una de las novedades del nuevo PGO. Los técnicos se han limitado a elaborar un precatálogo de edificaciones preexistentes en suelo rústico, con 2.939 edificaciones. A partir de aquí serán los propios interesados quienes deberán dirigirse a la administración local para conocer las condiciones con las que deben cumplir para optar a la legalización. Sin esta autorización, la licencia de uso es inviable.

“El primer requisito descarta, de entrada, todas las edificaciones cuyas obras no estuvieran iniciadas antes del 14 de abril de 2003”, advierte el documento. “Además”, se subraya, “ha de probarse que estaba completamente terminada cuatro años antes de la fecha en que la misma se incorpore al catálogo”. En cuanto a sus usos, el documento, de partida, plantea pocas limitaciones: hostelería con alojamiento, infraestructuras de transporte, usos mineros-extractivos, industria pesada…

A partir de ahí, la legislación deja al criterio del planificador municipal “la valoración discrecional, de acuerdo al interés público y los objetivos de ordenación del ámbito territorial en que se emplaza”. Caben, por tanto, desde industria ligera, almacenes y equipamientos comunitarios hasta comercios y oficinas, uso de investigación y desarrollo, casas rurales y viviendas libres unifamiliares. Eso sí, siempre y cuando “se dispongan en suelos rústicos de protección agraria o territorial o en urbanizables no sectoriza”.

Otro criterio a tener muy en cuenta por los técnicos es que las viviendas en suelo rústico cuenten con “as condiciones suficientes estabilidad, seguridad y dimensiones”.

Quedan al margen del precatálogo aquellos inmuebles que estén dentro del Parque Rural de Anaga, pues estos “habrán de incluirse, en su caso, en el catálogo que incorpore el Plan Rector, que es el instrumento competente para establecer la ordenación pormenorizada de dicho Espacio Natural Protegido”.

“La finalidad es regularizar la situación urbanística de unas edificaciones que se encuentran en disconformidad con la ordenación y sobre las que ha transcurrido el plazo de que dispone la administración para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad”, argumenta el nuevo planeamiento.

“Es el propietario quien ha de tener interés en que su edificación sea catalogada ya que de esta manera obtiene los beneficios de la regularización”, recalca los redactores del PGO.

[apunte]Evitar el “fuera de ordenación”
Los redactores del nuevo Plan General Ordenación de La Laguna no son partidarios de la aplicación del fuera de ordenación. En el texto del planeamiento en curso dejan claro su posición al respecto. Consideran que “condenar un gran número de inmuebles a esa especie de limbo jurídico que supone el régimen del fuera de ordenación no contribuye en nada a mejorar la ordenación del territorio” . Por el contrario, apuntan, conlleva “graves perjuicios a los afectados y aumento de la conflictividad social”. En los casos de los inmuebles construidos con títulos habilitantes, asumen que el fuera de ordenación resulta “especialmente injusto”. Incluso en las viviendas que tienen su origen en infracciones urbanísticas, cuando han prescrito los plazos para restablecer el orden jurídico perturbado, “este régimen no aporta en la práctica ninguna vía de solución, toda vez que la administración carece de instrumentos eficaces”. [/apunte]